Despues de que el gobernador Luis Fortuño tuviera la oportunidad de rehacer la cara del Tribunal Supremo con seis nombramientos al Alto Foro durante su incumbencia, la Administración García Padilla pasó con relativamente pocos nombramientos duraderos, siendo los principales los de dos jueces en ese foro, incluyendo la presidenta Maite Oronoz.

Y aunque la próxima administración probablemente no tenga ninguna oportunidad de nombrar a un juez del Tribunal Supremo, tendrá la oportunidad de rehacer el esquema de las agencias fiscalizadoras e independientes del gobierno de Puerto Rico.

Durante el próximo cuatrienio vencen los nombramientos de las jefaturas de las oficinas de Ética, Contraloría, y el Instituto de Estadísticas.

Además, según los récords de la Oficina de Administración de Tribunales, durante el cuatrienio próximo vencen 57 posiciones en la judicatura, divididas en 46 en el Tribunal Superior, nueve en el Municipal, y dos en el Apelativo. Esta cifra no incluye las vacantes que puedan surgir por alguna jubilación o destitución antes del término de vigencia de un nombramiento.

En el caso del Tribunal Supremo, no habría oportunidad para nombramiento a no ser que ese foro enfrente un caso de renuncia o muerte de uno de sus actuales miembros, cuyos términos, en ningún caso, vencen el próximo cuatrienio por virtud de que alguno cumpla 70 años de edad, como dispone la Constitución.

Los nombramientos de los jueces son del Gobernador con el consejo y consentimiento del Senado. Pero la dirección ejecutiva de Ética y la Contraloría requiere la aprobación del Senado y la Cámara de Representantes.

En el caso de Estadísticas, se trata de un nombramiento que hace una Junta de Directores cuyos miembros son nombrados por el Gobernador y aprobados por el Senado.

El nombramiento de la Contralora, Yesmín Valdivieso, vence el 30 de junio de 2020, el de la directora ejecutiva de Ética, Zulma Rosario, vence el 7 de enero de 2019 y el del director del Instituto, Mario Marazzi, vence el 1 de agosto de 2017.

Pero, además de esos nombramientos tradicionales, la nueva Ley federal PROMESA abre unos espacios de influencia para el próximo gobernador, como son el nombramiento de su representante a la Junta de Control Fiscal, su designación del Coordinador de Revitalización de una terna sometida por la Junta y el equipo interagencial que va a trabajar con el Coordinador para los ‘proyectos críticos’ a los que dicha ley concede trato especial.