La Justicia egipcia adoptó hoy nuevas medidas draconianas y controvertidas con la condena a muerte de 720 islamistas, entre ellos el líder de los Hermanos Musulmanes, Mohamed Badía, de las que 37 son sentencias firmes y el resto provisionales.

El muftí de Egipto, máxima autoridad religiosa del país, Shauqui Alam, deberá pronunciar un dictamen no vinculante sobre 683 penas de muerte -una de las cuales es la de Badía- antes de que el tribunal emita un fallo definitivo.

La Corte Penal de la ciudad meridional de Minia dictó las sentencias ante la ira y la frustración de los familiares de los acusados, que se agolpaban cerca del tribunal a la espera de escuchar la decisión.

En total, el tribunal de Minia procesó en esta jornada a unas 1,200 personas, en dos ‘macrojuicios’ sin precedentes que no han contado con garantías legales, según abogados y defensores de derechos humanos consultados por Efe.

En un ambiente muy tenso, decenas de familiares rompieron a llorar al conocerse las sentencias a pena de muerte y cadena perpetua, apenas veinte minutos después del inicio de la sesión.

Las mujeres y los hermanos de los condenados, abrazados para superar el duro golpe, gritaron que sus allegados son inocentes y que no pertenecen a los Hermanos Musulmanes.

Algunos se desmayaron y otros increparon a los policías y militares que cortaban los accesos al tribunal, clamando justicia.

En ausencia de los acusados, la corte ordenó remitir los expedientes de 683 islamistas al muftí del país, lo que según el sistema judicial egipcio significa que han sido condenados a muerte provisionalmente, hasta que se dicte el fallo definitivo el próximo 21 de junio.

Los acusados -la mayoría juzgados en rebeldía- afrontaban los cargos de asaltar instituciones públicas y la comisaría del distrito de Al Edua, en la provincia de Minia, así como de asesinar a un policía.

A su salida del tribunal, el abogado de la defensa Mohamed Faruq dijo a Efe que la corte no tiene pruebas y que el fallo es ‘político y contrario a la legislación egipcia’.

Del mismo modo se expresó un portavoz de los Hermanos Musulmanes, declarados ‘grupo terrorista’ por las autoridades en diciembre pasado, quien señaló también a Efe que las condenas buscan atemorizar a la población para evitar manifestaciones.

En el otro caso resuelto en el tribunal, el mismo magistrado, Said Yusef -calificado por sus detractores como el ‘juez de las ejecuciones’-, dictó la pena capital en firme para 37 personas y conmutó esa sentencia por cadena perpetua para otras 491.

Los halló culpables de atacar comisarías, edificios gubernamentales e iglesias, y del asesinato de un coronel de Policía en la población de Matay, también en Minia.

Este grupo de más de 520 personas -unas 350 huidas- había sido condenado a muerte el pasado 24 de marzo y sus expedientes remitidos al muftí, por lo que la sentencia de hoy rebaja la pena para la mayoría de los acusados.

Los sucesos de ambos casos se enmarcan en la ola de violencia que se extendió por Minia el pasado agosto, en protesta por el desalojo policial de las acampadas de los seguidores del depuesto presidente Mohamed Mursi en El Cairo, que se saldó con cientos de muertos.

Uno de los letrados del caso de Matay, Adel Mustafa Halabi, dijo a Efe que apelarán las sentencias y que el juez consideró que los 37 condenados a muerte en firme estaban implicados de forma directa en el asesinato del coronel.

Según los expertos, es probable que la Corte de Apelación acepte los recursos y ordene repetir los juicios.

Este nuevo varapalo judicial coincidió hoy con la orden de un tribunal cairota de prohibir las actividades del Movimiento 6 de Abril, uno de los principales instigadores de la revolución que derrocó a Hosni Mubarak en febrero de 2011.

Estas decisiones han sido consideradas por los afectados como un intento de silenciar cualquier voz disidente, sea laica o islamista, por parte de las actuales autoridades, surgidas tras el golpe militar que depuso en julio pasado a Mursi.

El Tribunal de Asuntos Urgentes de El Cairo prohibió las actividades del 6 de Abril y ordenó confiscar sus bienes, al considerar que el movimiento, azote de los distintos regímenes desde su creación en 2008, ha dañado la seguridad y la estabilidad de Egipto, además de espiado y difamado al Estado.

Dos de sus fundadores -Ahmed Maher y Mohamed Adel- fueron sentenciados a tres años de cárcel en diciembre pasado por organizar una protesta ilegal y causar disturbios.

El movimiento se mantiene crítico con las nuevas autoridades, sobre todo tras la promulgación de la ley que restringe las protestas y el encarcelamiento de sus líderes.