La gobernadora, Wanda Vázquez Garced, puso a las corporaciones y agencias públicas bajo la tutela de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (AFFAF) en todo lo relacionado a fondos federales de reconstrucción, mediante orden ejecutiva firmada el sábado pasado.

El mandato de la Gobernadora surge en medio de sus supuestas aspiraciones a la gobernación y luego de que durante meses se ha reclamado que la isla no ha recibido los fondos necesarios de reconstrucción tras el paso del huracán María, aunque el presidente estadounidense, Donald Trump, indica que se han enviado cerca de 90 mil millones de dólares a Puerto Rico, cifra que es errónea. De hecho, tras la alegación de Trump, el medio digital Bloomberg dedicó un artículo a desmentir cada falacia publicada por el Presidente en su cuenta de Twitter en cuanto a Puerto Rico se refiere, entre ellas, los fondos de reconstrucción asignados.

‘Se autoriza al Director de AAFAF a tomar todas las medidas necesarias para establecer, modificar, eliminar o ampliar las estructuras organizacionales y gerenciales de cualquier entidad gubernamental cuyo término es definido por la Ley 5-2017… De forma que AAFAF pueda implementar la política pública relacionada con la recuperación y reconstrucción, particularmente en áreas de infraestructura crítica, incluyendo carreteras, energía, puertos, educación, vivienda y salud’, lee la referida Orden Ejecutiva.

‘Todo jefe de agencia, Director Ejecutivo, o presidente de corporación pública de cualquier Entidad Gubernamental… y sus respectivas Juntas de Directores, acatarán e implementarán las directrices de la AAFAF’, añade la orden que se presenta como que abarca también a los recursos externos de las dependencias públicas. El documento también justifica que ‘los elementos y funciones de logística, gerencia de proyectos, subastas, planificación, informes, mantenimiento de registros (‘recordkeeping‘) y supervisión requeridos para este tipo de esfuerzo son de una magnitud nunca antes vista o vivida en Puerto Rico por las entidades de gobierno’.

La Orden Ejecutiva ocurre en la coyuntura de las intenciones de Vázquez Garced de optar por ir a una primaria en su partido para ser candidata a la Gobernación en 2020 y del manejo extraordinariamente lento y obstaculizante con el que agencias federales han llevado a cabo el trámite de fondos de recuperación.

Durante el verano, para Puerto Rico se aprobaron cerca de $41 billones, pero gran parte de esa cifra no se ha desembolsado, lo cual puede tardar años debido, entre otras cosas, a la cantidad de trabas que el mismo Gobierno Federal ha impuesto a la isla. Tan cercano como en el mes de agosto, el Departamento de Vivienda federal (HUD por sus siglas en inglés) decidó designar un monitor financiero federal para supervisar el desembolso de los fondos de recuperación tras el huracán María.

La tardía llegada de fondos de reconstrucción también está ligada a órdenes directas del Presidente estadounidense, según ha constado en artículos publicados por la prensa estadounidense como The New York Times, a quienes fuentes de La Casa Blanca le han indicado que Trump pidió detener la asignación de fondos a Puerto Rico porque piensa que la isla está plagada de corrupción.

‘Muchas cosas malas están sucediendo en Puerto Rico. El Gobernador está en mal estado, la Alcaldesa de San Juan es una persona despreciable e incompetente en quien no confiaría en ninguna circunstancia, y el Congreso de los Estados Unidos dio tontamente 92 mil millones de dólares por ayuda de huracanes, muchos …….. de los cuales se desperdició o nunca se volvió a ver. Esto es más del doble de la cantidad otorgada a Texas y Florida combinados’, escribió Trump en su cuenta de Twitter el 18 julio, en medio de las manifestaciones multitudinarias que provocaron la renuncia de Ricardo Rosselló Nevares el pasado 2 de agosto, tras la revelación de un chat en Telegram en el que realizaba comentarios de política públicas, misóginos y homofóbicos con su colaboradores cercanos.

Esas y otras comunicaciones del Presidente, además de determinaciones como la del juez del Tribunal Federal, Gustavo A. Gelpí, quien indicó que el Departamento de Salud es el único responsable del mal manejo de fondos en el Programa de Servicios para Personas con Discapacidad Intelectual, han dado luz de la falta de transparencia y malversación de fondos públicos que ahora Vázquez Garced busca poner en cintura, posiblemente, con miras a una elección que culmine por extender su estancia en el Palacio de Santa Catalina.

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