En su novena reunión, la Junta de Control Fiscal (JCF), aprobó de manera unánime la reducción de la jornada laboral en el Gobierno de Puerto Rico, así como una reducción en 10% a las pensiones y dejar inalterado –al momento– el Bono de Navidad de los empleados públicos.

‘Reconocemos que el Gobierno ha hecho progreso significativo en implementar medidas con sentido para ajustar el tamaño y los gastos del Gobierno. Es un esfuerzo para alinear los gastos con la dura realidad fiscal de Puerto Rico y para incentivar una participación mayor de desarrollo y empleo del sector privado. Sin embargo, se requiere una implementación completa para permitirnos alcanzar las metas en el Plan Fiscal certificado, el cual establece una reducción general del 30% en los gastos operacionales del Gobierno a lo largo de tres años’, expresó la directora ejecutiva del ente federal, Natalie Jaresko.

En ese sentido, el ente federal reconoció que el Gobierno ha logrado un progreso significativo en el ajuste de $662 millones, empero, las proyecciones de ahorros ascienden a $880 millones, según estipuladas en el Plan Fiscal certificado.

La reducción en jornada laboral, adelantó, supone recaudar los $218 millones necesarios.

Bajo la nueva determinación, la reducción de la jornada laboral consistirá de dos días por mes, a partir del 1 de septiembre hasta el 30 de junio de 2018, fin del año fiscal. Se mantendrá activa hasta que se cumplan los ahorros propuestos y el resultado complazca los deseos de la Junta, según las proyecciones económicas.

No obstante, durante la reunión, el representante del gobierno de Puerto Rico Christian Sobrino Vega, se opuso a la decisión de la Junta, a la vez que aseguró que el Gobierno no la acatará.

‘No habrá reducción de jornada laboral. El pueblo de Puerto Rico tiene que saber que hay un solo Gobierno y ese es el liderado por el gobernador Ricardo Rosselló’, exclamó Christian Sobrino Vega en un turno de comentarios.

El planteamiento de Sobrino Vega se basó en que la Ley PROMESA estipula que la Junta puede recomendar, pero no obligar.

‘Vamos a reducir el tamaño del gobierno de Puerto Rico porque queremos, no porque ustedes lo imponen’, reiteró el también presidente del Banco Gubernamental de Fomento.

En esa línea, Carlos García señaló que la Junta aspira al bienestar económico de Puerto Rico y la reducción de la jornada laboral fue presentada como una condición para la aprobación del Plan Fiscal de la Isla en marzo.

‘No es una recomendación. Estamos haciendo valer un acuerdo que hicimos con el Gobierno’, recalcó, por su parte, el presidente de la Junta José Carrión III.

Ante un posible litigio entre el Gobierno de Puerto Rico y la Junta, Carrión III adelantó que llevar el caso a los tribunales podría expandir la cantidad de días necesarios para reducir la jornada laboral.

‘Entendíamos que esto iba a acabar en procesos de litigios. Desafortunadamente, basado en la decisión del gobernador, consultaremos con los abogados. Sí me gustaría destacar los costos que esto podría conllevar y, si no se implementa el primero de septiembre, si el litigio tomauna cierta cantidad de tiempo habría que aumentar la cantidad de días para reducir la jornada laboral’, sentenció Carrión III.

Por otro lado, la Junta recomendó una reducción en el desembolso de las pensiones en un 10% para el 2020.

‘Los sistemas de retiro de empleados pronto agotarán los activos que usan para pagar beneficios. Si no se toma acción, esto podría llevar a grandes recortes de beneficios para todos los retirados que serían devastadores’, advirtió el también miembro de la Junta Andrew Biggs.

Los cambios se verían de forma progresiva, con protecciones dirigidas a todos aquellos que se encuentran por debajo del nivel de pobreza.

El ajuste busca financiar las obligaciones de pensiones existentes a base de ‘pay go’, o sea, pagar los beneficios a los retirados tan pronto venzan. También, inscribir a los empleados activos y a los de nueva contratación en un sistema de retiro de contribución directa verdadero. Por último, asegurar que todos los empleados de nueva contratación estén inscritos en el Seguro Social.

De la misma manera, la JCF determinó que, al momento, el Bono de Navidad de los empleados públicos no será afectado. No obstante, en septiembre revisarán el estado de los recaudos y tomarán otra decisión al respecto.

Por otra parte, el ente creado por la Ley Promesa certificó el plan fiscal de la Corporación Pública para la Supervisión y Seguro de Cooperativas de Puerto Rico (COSSEC) con enmiendas dirigidas a incluir proyecciones fiscales ‘realísticas’.

Las enmiendas consisten de incluir análisis revisado de pruebas de estrés de la Administración Nacional de Cooperativas de Ahorro y Crédito y un plan de gobernanza de COSSEC, así como un delineamiento del alcance de las posibles solicitudes externas de asistencia por parte de agencias federales o contratistas externos.

En esa línea, el Gobierno debe someter un plan fiscal revisado dentro de 30 días que cumpla con las recomendaciones del ente federal.

‘Hemos entrado en una nueva etapa importante en la implementación de PROMESA. nos hemos movido de desarrollar un Plan Fiscal y un Presupuesto con ese plan, a la implementación del Plan Fiscal certificado. Los elementos claves del plan incluyen el ajuste del Gobierno, la reforma de pensiones, la reforma del sistema de Salud y la reforma de impuestos. Hoy, logramos movernos hacia adelante en dos de esas áreas, ambas críticas para lograr la disciplina fiscal en Puerto Rico’, concluyó Jaresko.

Entre los demás puntos en agenda, y luego de informar que realizaría una investigación sobre la deuda de Puerto Rico que abarca más de $70 mil millones, la Junta reveló los nombres de los cuatro miembros encargados de la investigación. Estos son: Carrión III, Matosantos, David Skeel y Arthur González.

Los resultados de los hallazgos serían públicos una vez finalice el proceso.

En la reunión, participaron de manera presencial todos los miembros a excepción de Skeel y González, quienes estuvieron por vía telefónica. Por otro lado, José Ramón González se ausentó.

Presentación sobre ajuste de gobierno _26491

Plan Fiscal enmendado certificado_26492