En una solicitud “urgentísima” de reconsideración, el Procurador General responsabilizó al tribunal por la posible pérdida de fondos federales que resultaría de su orden paralizando las pruebas.

Las pruebas de aprovechamiento en el sistema de educación público que habían quedado suspendidas por una orden del Tribunal de Apelaciones se reanudarán después de que ese foro emitiera una reconsideración a la luz de una solicitud “urgentísima” que presentó el Procurador General y que detalló los “daños irreparables” que sufriría la población escolar si no se administran las pruebas.

En esa solicitud, el abogado que representa al estado en foros revisores responsabilizó al Tribunal Apelativo por la posible pérdida de fondos federales, y la designación de Puerto Rico como un recipiente de “alto riesgo” de fondos federales, que pueden ser consecuencias de no administrar las pruebas. Esto, porque el incumplimiento con el gobierno federal “evidentemente sería provocado por la resolución de esta honorable curia que paralizó el ofrecimiento de las pruebas CRECE”.

Con la reconsideración del tribunal, el Departamento de Educación (DE) anunció el viernes en la noche que la fecha nueva de administración para las Pruebas de Cernimiento, Revisión y Evaluación Continua del Estudiante (CRECE) es del 13 de mayo al 5 de junio. Los exámenes, que originalmente terminarían el 31 de mayo, cubren las materias de Español, Inglés y Matemáticas (grados tercero a octavo y décimo) y de Ciencias (grados cuarto, octavo y décimo).

El contrato que el DE adjudicó a Pearson PEM PR, Inc. para administrar las pruebas tras un proceso de requerimiento de propuestas (RFP en inglés) es objeto de una impugnación por parte de la compañía Learn Aid LLC. Al no resultar favorecida en el RFP, Learn Aid acudió al tribunal para pedir la paralización del contrato alegando que se le había dado “una ventaja indebida” a su competidor porque, “de forma arbitraria”, la agencia había tomado en cuenta documentos de entidades que no están autorizadas a realizar negocios en Puerto Rico para que Pearson pudiera tener una puntuación de solidez financiera que le permitiera seguir en carrera por el contrato.

Ante esta solicitud, un panel de jueces apelativos compuesto por Roberto Rodríguez Casillas, Eric Ronda del Toro y Carlos Salgado Schwarz ordenó el miércoles pasado la suspensión de las pruebas y le concedió un término al departamento para comparecer. El mismo miércoles era que debían comenzar las pruebas.

Pearson sometió una solicitud de reconsideración y, entre otras cosas, dijo que Learn Aid le había omitido al tribunal varios documentos pertinentes del RFP. Pero los jueces no dieron paso a la reconsideración.

Luego, el procurador Fernando Figueroa Santiago compareció en nombre del DE con una solicitud que calificaron de “urgentísima” para exponer que los jueces habían cometido varios errores, como emitir una paralización sin darle oportunidad a la agencia a comparecer y hacerlo aún cuando Learn Aid no había demostrado que sufriría un “daño irreparable” por la administración de las pruebas.

“¿Cómo se justifica que este Honorable Tribunal sostenga una orden de paralización que tiene un efecto directo e inmediato sobre todo nuestro sistema público de enseñanza simplemente para salvaguardar un presunto e inmeritorio ‘daño’ económico de una compañía privada que resultó perdidosa en un proceso legítimo y transparente?”, planteó el procurador.

La solicitud resalta que la propuesta de Learn Aid fue $33.8 millones más cara que la de Pearson y que el DE, “dentro de su conocimiento especializado, analizó el cumplimiento con los requisitos del RFP y decidió que la propuesta de Learn Aid no se ajusta a sus requisitos particulares y las necesidades de la agencia en este momento”.

Vea:

Tribunal ordena suspender pruebas CRECE por alegación de traqueteo en contrato