Un líder ambiental de la zona sostuvo que las obras afectarían la hidrología del área, particularmente el Río Grande de Arecibo, que suple al Lago Dos Bocas.

Gustavo Castaldo Torres, líder ambiental y residente de Utuado ha levantado la voz solicitando que las comunidades conozcan al detalle el proyecto de extensión de la PR-10 que añade 7.5 kilómetros de carretera a un costo de $552 millones.

La obra que conectaría la carretera entre Utuado y Adjuntas será financiados con fondos CDBG.

La construcción afectaría la hidrología del área, particularmente el Río Grande de Arecibo, que suple al Lago Dos Bocas y al área metropolitana a través del Súper Acueducto. Además, el charco Los Morones por la sedimentación que provocaría la construcción, el corte de terrenos y los rellenos, según Castaldo Torres.

“Esto va a tener un impacto directo sobre las comunidades que están cauce abajo de la cuenca del Río Grande de Arecibo. Estamos hablando de un proyecto que va a estar impactando un millón de metros cúbicos con los cortes que se harán. Allí se harán cortes de tierra inmensos”, sostuvo Castaldo Torres en entrevista con NotiCel.

Este proyecto, aunque según Castaldo Torres representa una amenaza para los utuadeños, es respaldado por el alcalde Jorge Pérez Heredia.

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“El alcalde favorece el proyecto solamente por los arbitrios que le produce al municipio. Los senadores del Partido Popular Democrático (PPD), también favorecen el proyecto, sin tener la información de lo que conlleva. Así que, falta información a las comunidades. Nuestra tarea ahora será llevar toda la información a cada uno de los residentes. Allí hay urbanizaciones que en el año 1975 registraron tres muertes por una inundación que luego fue nuevamente impactada por el huracán George y María. Por eso este proyecto hace que esas comunidades estén en peligro y que pueda ocurrir otro desastre”, sostuvo.

Las comunidades más vulnerables, Castaldo Torres, es la urbanización Cabrera y Jesús María Lago. “Son aproximadamente 800 unidades de vivienda que se afectarán…”, resaltó.

“Es triste porque este proyecto sigue y aquí (en la Legislatura) ni siquiera han dado la oportunidad de expresarnos porque ni han realizado vistas públicas y lo que estamos solicitando es eso, que se haga pública toda la información y que la gente sepa lo que viene porque en desconocimiento, ellos no pueden tomar participación”, sostuvo.

El alcalde de Utuado, mientras tanto, mantuvo su postura en declaraciones escritas a este diario digital.

“Al igual que la mayoría de los residentes de Utuado, estoy a favor de la culminación de la PR-10, la cual nos conectará en solo minutos con Ponce y el área sur. La culminación del tramo que falta no solo tendrá un impacto económico positivo en nuestro pueblo, también ampliará las opciones para acceso a suministros en emergencias como la vivida en el 2017 a causa del huracán María», destacó Heredia.

«Utuado, al encontrarse en el centro de Puerto Rico y, con la topografía más complicada de todos los municipios según estudios de la Universidad de Puerto Rico Recinto de Mayagüez, me atrevería decir que es el municipio que más se afecta cuando nos impacta un fenómeno atmosférico. El tramo a Ponce de la PR-10 nos conectaría con el Puerto Las Américas y nos pondría en una mejor posición para atender a nuestros ciudadanos en casos de emergencia, al igual que mejoraría de muchas maneras la calidad de vida de los utuadeños. Cuando se pretendía hacer la PR-10 de Utuado a Arecibo, mucha gente se oponía, hoy día, la gente que se oponía al proyecto transita por ese tramo para llegar a nuestro pueblo. Seguiremos luchando por el progreso de Utuado y una mejor calidad de vida para su gente”, puntualizó el alcalde.

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Por otro lado, la representante por el Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), Mariana Nogales Molinelli, cuestionó nuevamente en una conferencia de prensa el costo del proyecto: $552 millones.

“El 14 de junio de 2022 presentamos la Resolución de la Cámara 775 solicitando información a la Autoridad de Carreteras sobre la PR-10. La misma fue contestada parcialmente el 17 de agosto de 2022. Pudimos obtener por otras fuentes de información adicionales e hicimos gestiones desde el 29 de marzo de 2022 para obtener reuniones con el ingeniero Edwin González, quien nunca respondió”, expresó la representante.

“La propuesta de la PR-10 no es nueva. Comenzó a trabajarse en la época del 1960, en el contexto de un proyecto de explotación minera en la montaña (Utuado, Adjuntas y Lares) y a petición de las compañías mineras que estaban negociando con el gobierno. Las negociaciones y condiciones previas era que para dicho proyecto de minería, necesitarían la existencia de una carretera para trasportar el material, electricidad de alto voltaje y agua del Lago Caonillas”, continuó expresando.

Un asunto que para la representantes es una de las razones para que quieran invertir millones de dólares en un tramo de 7.5 kilómetros.

Hasta el momento de la denuncia, Nogales Molinelli no se ha comunicado con el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) para conocer si han investigado el proyecto.

“La carretera no beneficia a la gente de Adjuntas ni a la gente de Utuado, ya que la mayoría de las personas que viven en Adjuntas trabajan en Ponce y la mayoría de las personas que viven en Utuado, trabajan en Arecibo”, resaltó Nogales Molinelli.

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El tramo que va desde Utuado y Adjuntas no logró realizarse según un estudio del Departamento de Obras Públicas en el 1967 por tener una topografía complicada.

Mientras que el tramo que va desde Ponce hacia Adjuntas por la carretera PR-123 en dirección a Utuado tiene un tiempo estimado de 18 a 20 minutos para llegar al otro municipio, según destacaron en la conferencia de prensa.

Según datos presentados de los documentos sobre el Resumen Económico de Puerto Rico, solo el 2.3% de los utuadeños trabaja en Ponce. El 4.3% de los adjunteños trabaja en Utuado, mientras que solo el 0.1% de las personas que viven en Ponce, trabajan en Utuado.