La Comisión de Agricultura, Recursos Naturales y Asuntos Ambientales, que preside el representante Joel Franqui Atiles, realizó el miercoles, vistas públicas en torno al Proyecto de la Cámara 384, para declarar la política pública del Gobierno de Puerto Rico en torno al desarrollo de reservas agrícolas en los terrenos comprendidos dentro del Corredor Agrícola de la Costa Norte de Puerto Rico.

Según un parte de prensa, el licenciado Edison Negrón Ocasio, en compañía de la agrónoma Nancy Sánchez Villanueva, presentaron la posición a favor de la medida por parte del Departamento de Agricultura, puesto que ‘constituye un reconocimiento de que ante cualquier crisis alimentaria o económica, solo subsistirán aquellos países que protejan tanto el recurso tierra, como el recurso agua y por ende, su agricultura’.

Opinaron que el proyecto ‘es cónsono con nuestra política pública de preservar cada pulgada de terreno con potencial agropecuario, para garantizar la seguridad alimentaria de las presentes y futuras generaciones’.

Recomendaron, además, que se incluyan las 17,294.5 cuerdas que son parte de la Reserva Agrícola de la Costa Norte concentradas en los municipios de Arecibo, Hatillo, Camuy y Quebradillas y las 2,610.9 cuerdas que comprenden la Reserva Natural Río Camuy, que incluye a los municipios de Hatillo y Camuy.

La pieza del representante José Enrique Meléndez Ortiz, tiene como fin la preservación de las tierras agrícolas para el desarrollo sustentable y económico de Puerto Rico, el cual es de vital importancia toda vez que se permite que terrenos aptos para esta actividad económica estén disponibles para producir alimentos esenciales para la subsistencia de los puertorriqueños.

Por su parte, el agrónomo Héctor Cordero Toledo, presidente de la Asociación de Agricultores de Puerto Rico, apoyó la medida al señalar que la misma va en beneficio al desarrollo y sostenimiento agrícola de Puerto Rico.

La presidenta de la Junta de Planificación, María Gordillo, le dio su apoyo a la medida que ‘proveerá mecanismos para la recuperación de terrenos de alta fertilidad, identificando los terrenos que no están siendo productivos por limitaciones de riego o drenaje, con el propósito de que puedan ser habilitados para aumentar la producción y proteger al máximo el recurso para la producción de alimentos en Puerto Rico, según lo establece este proyecto de ley’.

El presidente de la Comisión afirmó que este ‘es un proyecto bueno para los agricultores de Puerto Rico y nuestro pueblo, ya que nos encaminamos a proteger los terrenos necesarios para ofrecer seguridad alimentaria a nuestro pueblo’.

Según la exposición de motivos de la medida, la creación de las Reservas Agrícolas es muestra del apoyo a uno de los sectores de mayor potencial en generar ingresos y empleos en la Isla. Dado a que la agricultura es una actividad económica reconocida, esta declaración de uso de terreno no constituye una enajenación total del derecho de desarrollo. Está en el mejor interés del Estado proteger contra otros usos los terrenos de alto valor agrícola, para propiciar su máxima capacidad productiva.

Esta pieza legislativa pretende acoger los terrenos recomendados por estas agencias y asegurar su protección imponiendo el carácter de Reserva Agrícola, que no es otra cosa que una garantía de su permanencia.

De otra parte, también se celebró vistas públicas para enmendar la ‘Ley de Incentivos Agrícolas de 1995’, para disponer que se conceda la exención de arbitrios de forma directa al agricultor bona fide.

El presidente de la Comisión de Agricultura, Joel Franqui Atiles, comentó que el Proyecto de la Cámara 263 destaca que el procedimiento actual no agiliza ni les permite a los agricultores utilizar de forma eficiente los beneficios dispuestos en esta ley.

En un memorial enviado a la Comisión, el presidente de la Asociación de Agricultores de Puerto Rico, el agrónomo Héctor Cordero Toledo, expresó que al presente solicitar ser un agricultor bona fide en el Departamento de Hacienda requiere un sinnúmero de documentos que hacen extenuante el proceso. Por lo que recomendó que se conceda la exención de arbitrios directamente a este agricultor con la certificación del Departamento de Agricultura, la Planilla de Contribución sobre ingresos y una certificación jurada. Además, que la certificación sea entregada por el mismo Departamento de Agricultura en forma de carnet tipo licencia de conducir.

Al mismo tiempo, la licenciada Carmen Guillén González, del Departamento de Hacienda, recomendó, conforme al mandato de fiscalización de su agencia, que se modifique el lenguaje del proyecto de legislación para facultar al Departamento de Agricultura y Hacienda reglamentar el proceso para la eventual concesión de esas exenciones contributivas.