El juez Anthony Cuevas advirtió que no se inclina a permitir que se presente prueba sobre cómo otros delegados congresionales están cumpliendo o no con sus funciones.

Obligado por los tribunales Apelativo y Supremo a resolver una controversia que inicialmente entendió no debería ser atendida por los tribunales, el juez superior Anthony Cuevas Ramos se mostró hoy decidido a resolver prontamente la demanda con la que el Departamento de Justicia busca la destitución de la delegada congresional Elizabeth Torres Rodríguez.

En la demanda que sometió en abril de 2022, Justicia argumentó que Torres Rodríguez no había cumplido con los dos deberes que le impone la ley de la recién creada Delegación Congresional: 1) “exigir al Congreso que proceda a admitir a Puerto Rico como Estado de Estados Unidos” y 2) presentar “un informe cada 90 días sobre sus gestiones al Gobernador de Puerto Rico”. Para esto, se basaron en el contenido de los tres primeros informes que Torres Rodríguez había sometido al momento de la demanda. Unos fueron escritos y otro en video.

El contexto político de la petición del gobierno es que, desde su primer informe, la delegada criticó los trabajos de sus demás compañeros delegados, cuestionó la utilidad de la propia delegación, pidió al gobernador que disolviera la delegación y lanzó acusaciones de corrupción contra el gobernador Pedro Pierluisi Urrutia y el senador, y secretario del Partido Nuevo Progresista (PNP), Carmelo Ríos Santiago.

Inicialmente, Cuevas Ramos desestimó la petición por encontrar que era un asunto de naturaleza política que no se podía dirimir en un tribunal y que la falta de criterios que tiene la ley habilitadora de la Delegación Congresional para medir si los delegados estaban cumpliendo con sus funciones lo obligaría a convertirse en legislador y diseñar criterios de evaluación que no están en la ley, lo que es impermisible para los jueces. Pero el tribunal apelativo lo revocó indicando que no procedía la desestimación por ser un asunto de “alto interés público” y porque “de las alegaciones (de Justicia) se desprende que la parte apelada ha omitido informar sobre sus gestiones en el Congreso y no ha rendido cuentas de las gestiones a las cuales fue electa». El Tribunal Supremo rechazó revisar esa determinación.

Ayer, Justicia sometió solicitud de sentencia sumaria y Torres Rodríguez sometió moción de desestimación a través de su abogado, Michael Corona Muñoz. Durante una vista esta mañana, el juez concedió a ambos hasta el 17 de mayo para que someten sus correspondientes contestaciones a las mociones radicadas.

Ante argumentos de Corona Muñoz de que quería una vista evidenciaria porque necesitaba ver cómo otros delegados habían cumplido supuestamente con sus funciones, qué evaluaciones hizo Justicia para pedir la destitución solo de su clienta y para que su cliente se sentara en el banquillo a explicar sus gestiones al tribunal, el juez le advirtió que no se inclinaba a eso.

“Tengo problemas con abrir esto y seguir dándole largas y largas… no puedo abrir aquí un descubrimiento de prueba… el tribunal no es un monitor de los delegados… lo que se hizo con otros delegados no está ante nuestra consideración… este caso hay que resolverlo y es mi obligación atenderlo”, expresó el juez en distintas instancias al subrayar también que el caso tenía un “paseo” por los tribunales.

Cuevas Ramos se mostró resignado y adelantó que, sobre si el informe de la delegada tenía que ser escrito o podía ser en video, entiende que el formato del informe no está especificado en la ley. “Tengo que analizarlos (los informes) y ver si, de esos informes, Doña Elizabeth expresó algo que haya hecho en esos pasados 90 días, eso es lo que el tribunal viene llamado a analizar”, resumió.

El juez concedió que si después de leer los informes encuentra necesario recibir más prueba, entonces llamaría a una vista evidenciaria. Limitó el periodo de evaluación a solo los primeros tres informes, y no los otros cuatro que ha sometido subsiguientemente, porque los primeros tres son los que están cubiertos en la reclamación que hizo Justicia.

La Delegación Congresional no ha demostrado tener resultados en su gestión y no han sido protagonistas de los proyectos de ley congresionales radicados en meses recientes para atender el status de la isla.

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