El veto de Pierluisi ocurrió a pesar de que agencias de su gobierno habían apoyado el proyecto, que tuvo votos a favor de todas las delegaciones políticas en la Legislatura.

El gobernador Pedro Pierluisi Urrutia vetó una medida que fue avalada por agencias de su gobierno y por todas las delegaciones legislativas políticas que buscaba obligar al Departamento de Salud a emitir estadísticas vitales en menos de 48 horas después de que se declare por orden ejecutiva una emergencia con motivo de desastres naturales o pandemias.

El Proyecto de la Cámara 752, de la autoría de los representantes Sol Y. Higgins Cuadrado (Partido Popular Democrático) y José B. Márquez Reyes (Movimiento Victoria Ciudadana), recibió el apoyo en vistas públicas del Departamento de Salud, el Instituto de Estadísticas y el Puerto Rico Innovation and Technology Service (PRITS).

«[T]odas las recomendaciones necesarias que fueron requeridas por las agencias y entidades como requerimiento para su endoso de la medida fueron acogidas e incluidas», concluye el informe positivo de la Comisión de Salud de la Cámara.

En su carta explicando el veto, Pierluisi Urrutia alegó que no se habían atendido «sabias enmiendas» de Salud y no se había certificado con la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) sobre la disponibilidad de fondos.

Las objeciones de Salud están abordadas en el proyecto final y la medida no requiere nuevos fondos ya que solo dispone hacer más rápido un trámite que ya ocurre. El proyecto aumentaría de $1,000 a $5,000 la multa que el Instituto puede imponer contra las agencias que incumplan, pero el Gobernador no dice en su comunicación si la disponibilidad de fondos se refiere a las multas que tendrían que pagar por no cumplir con el nuevo plazo de entrega de datos en 48 horas.

El proyecto disponía que, después de una declaración de emergencia, Salud «debe enviar al Instituto de Estadísticas de Puerto Rico cualquier dato, producto o conjunto estadístico sobre estadísticas vitales, morbilidad y de uso de servicios médicos en no menos de 48 horas de haberse generado o actualizado, y mediante formato digital, leíble por máquina. Entiéndase que el envío de datos será uno periódico, constante y dinámico».

El origen de la medida está en las experiencias que tuvo el Instituto con Salud tanto después de los huracanes Irma y María como por la pandemia.

«[L]os impactos de los huracanes Irma y María, y los eventos sísmicos, entre otros, nos han demostrado que las estadísticas de mortalidad deben estar constantemente actualizadas y disponibles para el análisis científico y oportuno. De hecho, tener un marco de referencia de mortalidad actualizado, anterior a cualquier desastre, provee la base para el cálculo posterior», planteó en su ponencia el director ejecutivo del Instituto, doctor Orville Disdier Flores.oblación»,

«Las negativas o crasos retrasos que el Departamento de Salud han demostrado en el pasado, en cuanto a su deber de proveerle rápidamente al Instituto datos y estadísticas vitales, de morbilidad y mortalidad, han provocado en dichos momentos que las autoridades, la comunidad científica, y la comunidad en general carezcan en momentos claves de información suficiente y confiable, información que es necesaria para tomar las mejores decisiones basadas en evidencia, que aumenten nuestra capacidad de salvar vidas y de proteger a todos los residentes de Puerto Rico. Ciertamente, el récord sobre los enormes esfuerzos en tiempo, recursos y acciones que el Instituto ha tenido que hacer en años recientes, para que el Departamento de Salud le provea datos esenciales, es constatable y sirve de evidencia empírica sobre esta situación», agregó Disdier Flores.

Salud, estuvo de acuerdo con la medida si incorporaban enmiendas «dirigidas a la protección y confidencialidad de los datos que identifiquen a personas en específico». PRITS, por su parte, dijo en su ponencia que las enmiendas propuestas eran cónsonas con su misión de ayudar al gobierno a mejorar el manejo de sus datos y recordó que dentro de sus responsabilidades en ley está «mejorar la calidad de los datos disponibles, protegiendo a su vez la información confidencial o privilegiada».

Respondiendo a esto, la versión del proyecto sometida a La Fortaleza disponía que PRITS y Salud «establecerán un Acuerdo Colaborativo en donde establecerán las garantías de confidencialidad para el manejo de las estadísticas vitales y los parámetros necesarios para la compatibilidad de la información intercambiada entre las agencias para llevar a cabo una interoperabilidad saludable entre los sistemas del Gobierno».

Tanto en la votación original, como en la votación para concurrir con las enmiendas del Senado, el proyecto fue aprobado unánimemente en la Cámara, mientras que en el Senado fue aprobado con el voto en contra de los senadores del Partido Nuevo Progresista, Marissa Jiménez Santoni, Gregorio Matías Rosario, Migdalia Padilla Alvelo, Thomas Rivera Schatz y William Villafañe Ramos.

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