Las cuatro medidas fueron peticionadas por la organización «Somos Más».

La organización de cambio social y político, «Somos Más», llegó hasta la Casa de las Leyes para proponer proyectos dirigidos hacia la prevención de la corrupción en la isla y ya la Comisión de lo Jurídico en la Cámara de Representantes comenzó a evaluarlas.

Se trata de cuatro proyectos dirigidos a la anticorrupción: el Proyecto de la Cámara 1012, que propone prohibir los donativos de dinero en efectivo en las campañas políticas; el Proyecto de la Cámara 1013, que impide la contratación de empleados o exempleados de confianza para puestos de carrera hasta no cumplir con un periodo de dos años fuera de la posición; el Proyecto de la Cámara 1014, para enmendar la Ley de Reclamaciones Fraudulentas y facilitar que la ciudadanía pueda llevar la corrupción directamente a los tribunales sin que el gobierno pueda detener el proceso judicial y el Proyecto de la Cámara 1015, que persigue crear un “Hatch Act” en Puerto Rico para regular el nivel de envolvimiento de empleados y contratistas de agencias públicas en actividades político-partidistas, y prohibir que lleven a cabo gestiones políticas durante horas laborables.

“Estos proyectos no resuelven la corrupción, pero atienden puntualmente unas áreas esenciales y abre una discusión seria que debemos tener como país en este renglón”, expresó el portavoz de «Somos Más», Johnny Rullán Schimdt durante la vista pública.

El presidente de la Comisión de lo Jurídico, Orlando Aponte Rosario, se expresó a favor de las medidas, pero mostró preocupación en particular por el lenguaje del P.C. 1012, al señalar que partidos minoritarios o emergentes podrán verse mayormente afectados por la eliminación de donativos en efectivo.

Ante esto, el licenciado Adrián Brito, asesor legal de Somos Más, sugirió que la medida emule la normativa federal, que establece un tope de $100 en efectivo para donativos de campañas políticas. A discreción del abogado, en Puerto Rico podrá, inclusive, incorporarse un tope más restrictivo de $50.

Cuando el donativo sea mayor a esta cantidad, el licenciado recomendó la utilización de otros métodos, como cheques o las plataformas digitales ATH Móvil y PayPal. Brito también propuso que el donativo en efectivo de hasta $50 sea permitido trimestralmente por donante individual, con el fin de que “compagine” con los reportes financieros que deben ser entregados a la misma fecha ante la Oficina del Contralor Electoral.

A pesar de no comparecer a la vista pública, la directora de la Oficina de Administración y Transformación de los Recursos Humanos (OATRH), Zahira Maldonado, envió a la comisión una ponencia en la que se opone al P.C. 1013. Según la funcionaria, la medida podrá limitar el derecho de libre asociación y la protección de empleados de confianza a no ser discriminados por ideas políticas.

Aponte Rosario se opuso a la opinión de la agencia al defender el objetivo del proyecto de impulsar la contratación de empleados gubernamentales por principio de mérito y que los puestos de carrera estén libres de influencias político-partidistas.

Por su parte, la Oficina de Ética Gubernamental (OEG) también entregó una ponencia en la que indicó que el P.C. 1015 es “innecesario”, pues la Ley de Ética Gubernamental prohíbe la participación de empleados públicos en actividades político-partidistas.

Aponte Rosario, quien adelantó que la comisión se apresta a la aprobación del bloque de medidas, informó que convocará una próxima vista pública en la que deberán comparecer las agencias con jurisdicción sobre los distintos asuntos, así como el Departamento de Justicia.