Reconocen que no pueden obligar a legisladores.

Luego de un intento fallido por derogar la Ley 80 sobre despido injustificado, los miembros de la Junta de Control Fiscal (JCF) justificaron su insistencia como un impulso al desarrollo económico, no sin antes reconocer los límites que les impone el estatuto matriz de ese cuerpo ejecutivo.

‘La Ley de PROMESA es bastante clara en las cuestiones que nosotros podemos y no podemos hacer. Si su pregunta es si nosotros podemos forzar a x o y hacer una cosa en particular, pues la realidad es que no. Hay balances aquí de poderes, como debería haberlos’, expresó el presidente de la JCF, Jose Carrión III, durante una conferencia de prensa el viernes en la tarde.

En esa conferencia, llevada a cabo en las oficinas de la JCF en Hato Rey, Carrión III anunció junto a otros tres miembros la eliminación del bono de Navidad para los empleados públicos y el recorte para las tres ramas de Gobierno.

El ejecutivo aludió al hecho de que esas decisiones se tomaron debido a que el Senado de Puerto Rico no derogó la Ley 80, lo que a su vez rompió el acuerdo alcanzado entre la JCF y el gobernador, Ricardo Rosselló Nevares. El pacto pretendía salvar esas partidas a cambio de la eliminación del estatuto vigente desde el 1976.

‘Nuestra función ya está específica en la Ley. Un elemento integral de la Ley es tratar de promulgar el desarrollo económico y trabajar en conjunto con el Gobierno. Llegamos a un acuerdo que no se pudo concretizar. No es por falta de diálogo’, indicó Carrión III.

Mucho se ha hablado sobre los poderes de la JCF, según la Ley para la Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico (PROMESA, en ingles). Rosselló Nevares, por ejemplo, ha reiterado que el grupo no tiene la capacidad para establecer política pública porque eso le corresponde al Gobierno.

Desde que la JCF pidió derogar la Ley 80, miembros de la Legislatura, economistas y otros profesionales exigieron conocer cuál era el beneficio económico de realizar ese cambio. Al ser abordado, Carrión III explicó que se debe a una reforma estructural que resultaría en un crecimiento económico de .8% para la Isla.

‘Nosotros tenemos que cambiar nuestras circunstancias particulares haciendo los cambios materiales estructurales para promulgar el desarrollo económico. Nosotros habíamos determinado, nuestros economistas, que la eliminación de la Ley 80 iba a promulgar en conjunto con otras medidas laborales un .8 de crecimiento para la economía de Puerto Rico. Eso es un beneficio enorme de gran envergadura. Sin las reformas laborales y sin la ley 80, pues el crecimiento lo vemos como .3 y por lo tanto hay que tomar medidas en el presupuesto para bregar con esa realidad’, definió el ejecutivo.

A esto añadió que ‘la Ley 80 es una reforma estructural. Como todos sabemos, ahora la situación en Puerto Rico está relativamente bien por dos razones principales. Uno, porque está el famoso ‘stay’, o sea, no estamos pagando deuda, y dos, porque estamos recibiendo fondos materiales del gobierno federal a raíz de la catástrofe sufrida por nuestro pueblo en María. Eso eventualmente va a cesar’.

Ante la falta de ese dinero que se esperaba generar con la derogación de la Ley 80, la Rama Ejecutiva recibirá un recorte de 14%, la Legislativa uno de 21% ($44.5 millones) y la Judicial uno de diez por ciento para el año fiscal 2019.

De acuerdo a los estimados, para el año fiscal 2023 las primeras dos ramas habrán acumulado un recorte de 32%, para un total de $82.1 millones.

Además, el nuevo presupuesto que contempla la entidad reduce los fondos para la infraestructura y los municipios, así como a la Universidad de Puerto Rico.

Mira este video de Carrión sobre el tema: