Después de constatar «irregularidades».

La Cancillería de Colombia pidió al Gobierno de Haití garantizar los derechos de los detenidos colombianos por su presunta participación en el asesinato del presidente Jovenel Moise, después de constatar «irregularidades» en la visita de una misión consular realizada esta semana.

La vicepresidenta y canciller colombiana, Marta Lucía Ramírez, envío una carta al embajador haitiano en Colombia, Jean Mary Exil, manifestando su preocupación porque los detenidos «no han recibido ninguna clase de asistencia jurídica, al no tener asignados defensores de oficio que protejan el derecho de la defensa y se respeten las garantías judiciales y del debido proceso».

Por ello, la canciller pide al Gobierno que deje ejercer dichas labores a funcionarios colombianos que puedan prestarles la debida asistencia a los detenidos, según dictan los tratados internacionales de protección consular.

Según la Policía haitiana, 18 militares retirados colombianos han sido capturados (de un total de 26 detenidos) y otros tres fueron abatidos durante el magnicidio de Moise, asesinado el pasado 7 de julio en un ataque armado a su residencia.

El magnicidio fue cometido, según las pesquisas, por un comando de 26 mercenarios colombianos que irrumpieron en la residencia presidencial en la madrugada del 7 de julio, sin hallar resistencia por parte de las fuerzas de seguridad que custodiaban la mansión, situada en el sector de Pelerin, en Puerto Príncipe.

En el ataque murió tiroteado Moise y resultó herida su esposa, Martine, quien acudió la semana pasada al funeral de su marido en la ciudad de Cap-Haitien, en el norte del país.

SIN ASISTENCIA MÉDICA

A pesar de que en un primer momento la Cancillería reportó que los detenidos estaban bien, en la misiva Ramírez expresó que algunos que sufrieron heridas en el momento del arresto, «no han recibido una adecuada atención médica ni se les han garantizado condiciones humanitarias», según se extrae de un comunicado.

«Le recuerdo a su gobierno que tiene la obligación moral y legal de proteger a los detenidos que están bajo su jurisdicción», pide la vicepresidenta al embajador, donde también le recuerda que Haití tiene «la alta obligación moral de garantizar su vida e integridad física».

En la misma línea, la Defensoría del Pueblo colombiana, que también envío una misión al país centroamericano, informó que ayer pudieron ingresar al centro de detención para verificar el estado de salud física y mental de los detenidos y que pudieran escribirles cartas a sus familiares.

Por otro lado, el embajador colombiano en la vecina República Democrática (Colombia no tiene embajada en Haití) ha recibido instrucciones para visitar a los detenidos «al menos dos veces por semana».