Se supone que el Gobierno de los Estados Unidos diga la semana que viene si prosiguen con la impugnación que comenzó la Administración Trump, o no.

La Oficina del Procurador General de los Estados Unidos pidió al Tribunal Supremo federal más tiempo para someter su postura sobre la impugnación que comenzó la Administración Trump de la decisión que otorgó paridad a los ciudadanos estadounidenses residentes de Puerto Rico en el programa Seguro de Ingreso Suplementario (Supplemental Security Income, SSI, en inglés, un programa del Seguro Social).

La petición de tiempo adicional la sometió la Procuradora General interina, Elizabeth B. Prelogar, en el caso de US v Vaello Madero el jueves, un día antes de que el presidente Joe Biden anunciara que en su propuesta presupuestaria para el próximo año fiscal se pide al Congreso que legisle la paridad de los ciudadanos estadounidenses residentes en Puerto Rico bajo el SSI y el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, por sus siglas en inglés). Además, pidió eliminar los topes de financiamiento del programa Medicaid para todos los territorios, incluyendo a Puerto Rico.

La posposición implicaría que, en vez de presentar su postura el martes que viene, la presentaría una semana después, el 7 de junio. La solicitud de posposición no contiene ningún indicio de cuál sería la postura, por lo que sigue sobre la mesa es la alternativa de allanarse a la decisión que emitió el Primer Circuito de Apelaciones, que extendió la aplicación del SSI a la isla, o de impugnar la misma. De seguir adelante, el Supremo podría decidir que los programas de beneficiencia deben aplicar por igual a todos los ciudadanos, no importa dónde residan, o que el Congreso retiene la facultad de discriminar en la aplicación de los mismos.

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El viernes, después del anuncio de Casa Blanca sobre el presupuesto, Prelogar sometió otro escrito en el que añade que la posposición responde a que “finalizar el escrito requiere consulta con una serie de componentes del gobierno y porque los abogados con responsabilidad principal para la preparación y revisión del mismo han estado involucrados fuertemente en otros asuntos urgentes, incluyendo un gran número de alegatos debido al plazo de consideración de este tribunal antes de su receso de verano”.

Aún con la solicitud presupuetaria al Congreso, la Administración Biden podría mantener la impugnación para obtener una expresión del Supremo al respecto. Si se allana a lo que decidió el Primer Circuito, y se retira el caso. el Supremo federal no se expresa así que no se establece un precedente. La decisión del Primer Circuito se convertiría en final y firme, pero con aplicación solo a Puerto Rico y los estados que componen ese circuito.

La decisión de retirar el caso o mantenerlo, con la consecuente expresión del Supremo federal, tiene otras implicaciones para Puerto Rico y el gobierno federal porque el Procurador General de la Administración Trump había planteado la controversia como una de status y economía.

El exprocurador general interino, Jeffrey B. Wall, había argumentado que el Congreso tiene un “interés legítimo en evitar una relación fiscal unilateral bajo la cual Puerto Rico comparte los beneficios económicos, pero no las cargas, de la estadidad”. “Puerto Rico contribuye algún dinero al tesoro federal, pero menos de lo que contribuiría si fuera un estado. A cambio, recibe algún dinero de vuelta del tesoro federal pero, otra vez, menos de lo que recibiría si fuera un estado”, añadió al exponer que la aplicación del SSI a la isla costaría $23,000 millones al fisco federal en los próximos 10 años.

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Según estudios federales y locales, la aplicación completa del SSI y el SNAP pueden representar $3,800 millones anuales en transferencias adicionales a los residentes de la isla y reducir la tasa de pobreza a un 30 o 40%, que es alrededor de la mitad de la tasa actual.

Pero la movida en el Supremo federal también tiene otra dimensión y es que, detrás de la decisión en el caso de Vaello Madero extendiendo el SSI, ocurrió otra decisión que aplica paridad no solamente en el SSI, sino también en SNAP y en Medicaid Parte D.

El caso de Peña Martínez v US Department of Health and Human Services, está en el Primer Circuito pendiente a lo que suceda en el caso de Vaello Madero, pero, distinto a ese primer caso, pasó por un proceso de discusión en el tribunal de distrito que generó más evidencia y datos que el caso de Vaello Madero.

Una decisión en el caso de Vaello Madero, sea que el gobierno federal retire la impugnación o que siga adelante, no necesariamente dispondría automáticamente del caso de Peña Martínez.

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