La agencia cerró un contrato para el que no realizó un estudio de viabilidad ni proyecciones.

La Oficina del Inspector General de Puerto Rico (OIG) señaló hoy, martes, varias deficiencias en un contrato otorgado por el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA).

Según se indicó en declaraciones escritas, el contrato, que se hizo para «facilitar el establecimiento de un sistema electrónico para la presentación de solicitudes y permisos y renovaciones y la integración a la Plataforma de Servicios del Gobierno de Puerto Rico», se pactó por la cuantía de $1 dólar anual y una vigencia de 5 años.

No obstante, a pesar de que se establece que dicho contrato sería por $1, el acuerdo incluye que la empresa recibiría una ganancia en representación del monto de los cargos de conveniencia para todos los trámites o transacciones que conlleven algún tipo de costo, cargo, tarifa, derecho o arancel por parte del DRNA.

«El DRNA no realizó un estudio de viabilidad que pudiera determinar la proyección de ventas de sellos o trámites solicitados por ciudadanos, por lo cual no se tiene un estimado de los ingresos que recibiría el contratista privado como parte de los cargos de conveniencia que serían cobrados a las personas, al implementar el nuevo sistema. Tampoco se evidencia que el DRNA, evaluara la posibilidad de pagar una cuantía fija al contratista por la implementación del contrato y cargos de mantenimiento y que los ingresos recibidos pasaran a formar parte del erario», dijo la OIG.

El contrato también dispone una cláusula de una penalidad de hasta $50,000 mensuales a favor del contratista en un solo pago si se cancelara el acuerdo antes de la fecha de vencimiento. También la penalidad aplicaría si el Departamento buscara una impugnación judicial.

«Estas cláusulas podrían tener el efecto de favorecer de manera unilateral a un contratista en contra de los mejores intereses del Gobierno. Los intereses privados de un contratista, bajo ningún concepto, deben prevalecer o de alguna manera afectar el deber fundamental de asegurarle a los ciudadanos que sus fondos públicos están siendo utilizados para brindar un servicio de calidad, al menor costo posible», destacó la OIG.

Este acuerdo fue cerrado antes de que el nuevo secretario, Rafael Machargo, llegara a la agencia. De hecho, fue el propio Machargo, quien en su llegada determinó consultar preocupaciones sobre el contenido y cláusulas establecidas en el mismo.

Finalmente, la OIG instruyó al DRNA a que no proceda con la implementación del contrato hasta tanto «subsane todas las deficiencias señaladas, y realice un estudio de viabilidad junto a la Puerto Rico Innovation and Technology Service (PRITS), en conformidad con la Ley Núm. 75-2019».