Con descoordinación evidente, Administración Vázquez Garced todavía no entrega completamente los incentivos prometidos a algunos trabajadores de la salud y no saben cuándo.

El Gobierno de Puerto Rico todavía no ha terminado de desembolsar los incentivos prometidos a enfermeros y otros profesionales de la salud que han pasado todo este año combatiendo la pandemia, y muriendo por ello también.

Una vista de la Comisión de Salud de la Cámara de Representantes y el más reciente informe de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF) ponen en evidencia la lentitud y descoordinación que ha caracterizado la entrega de estas ayudas que estaba encomendada a los departamentos de Hacienda, de Salud y a la Oficina de Gerencia y Presupuesto.

Estas agencias, así como la Administración de Servicios Médicos (ASEM) estaban citadas para la vista y llegaron con las manos vacías en cuanto a datos precisos y explicaciones convincentes para entender por qué se han demorado prácticamente siete meses en repartir dinero para estos trabajadores esenciales.

“Yo esperaba un plan de trabajo, pero la contestación es ‘estamos trabajando con el asunto’ y para mí eso es inaceptable”, indicó el presidente de la comisión, Juan Oscar Morales. Añadió que todavía no se han emitido pagos a unos 700 profesionales que incluyen enfermeros, terapistas y tecnólogos. “Son los profesionales que hasta han perdido la vida atendiendo (pero) no hay una fecha de cuándo le van a pagar… por falta de dinero no es”, subrayó al asegurar que este problema se le ha ocultado al Comité de Transición Entrante.

La directora de OGP, Iris E. Santos Díaz, sometió una ponencia a la comisión que da cuenta del mal manejo del tema. La funcionaria dice que “en colaboración con la AAFAF y el Departamento de Salud, nos encontramos en proceso de que la (Junta de Control Fiscal) autorice el uso y disponibilidad de balances para la otorganción de incentivos a las enfermeras del sector público pendientes de recibir el mismo”. Sin embargo, en una carta del 2 de diciembre, la Junta le dijo a Salud, con copia a AAFAF, que “autorizamos la solicitud para extender el incentivo de los enfermeros del sector privado hasta el 30 de diciembre de 2020”. “Esperamos que las agencias pertinentes trabajen diligentemente para completar el reembolso apropiado de fondos”, apuntaron.

El desglose semanal de uso de fondos para atender la emergencia del coronavirus que publica AAFAF, y cuya versión más reciente disponible es la del 11 de diciembre, expone que, excepto por los incentivos a los municipios y a los empleados del Instituto de Ciencias Forenses, los renglones de ayuda pandémica que totalizaban $787.4 millones cerraron con sobrantes, quedando $185.3 millones.

Para ver el informe más reciente de uso de fondos, pulse aquí.

Para varios de estos programas, se acabó el tiempo para usar los fondos y quedó dinero sin repartir. Esto incluye bonos a respondedores de Emergencias Médicas, oficiales correccionales, bomberos policías y programas de ayuda a pymes.

Los fondos de hospitales, enfermeras del sector privado y del sector público, tiene una extensión de uso que se extingue a fin de este año. Si no se han repartido para ese momento, caducarían y no se podrían usar, a menos que la Junta otorgue otra extensión. Para las enfermeras del sector público, se trata de un pago de hasta $4,000 y para las de sector privado el paago es de hasta $3,000.

Para las enfermeras del sector público quedan $10.7 millones. Para las del sector privado quedan $600,000. Para los hospitales públicos, quedan $18.4 millones para la compra de equipo médico que no esté relacionado con COVID-19, ya que lo relacionado con la pandemia se cubre con otros fondos.

Mientras ocurría la vista en la Cámara, La Fortaleza anunció la autorización de $40 millones para que los hospitales públicos y privados implementen un programa de pago de incentivo por riesgos asumido o “hazard pay” a los profesionales de la salud.

Explicaron que serán los hospitales los responsables de implementar los incentivos y determinar cuáles empleados serán parte del programa, limitado a que tienen que ser primeros respondedores con funciones que los expongan a riesgo de contagio.

La asignación se divide en $15 millones para hospitales privados y $25 millones para hospitales públicos. Con estas, ya suman $315 millones que han recibido los hospitales privados durante la pandemia y $75 millones los hospitales públicos. Al día de hoy, no se ha divulgado un solo informe, por parte del gobierno de la Asociación de Hospitales, que detalle cómo se ha usado el dinero en los hospitales privados y cómo ha propendido a que estén mejor preparados para atender la pandemia.

La ley que autoriza estos fondos específicamente prohibe que el dinero se use para asuntos corporativos, como pago a accionistas y bonos.

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