El Gobierno de Puerto Rico anunció su decisión a la Junta de Control Fiscal minutos antes de la reunión de ese ente fiscal hoy.

El Gobierno de Puerto Rico decidió detener temporeramente la implantación del Programa de Retiro Incentivado viabilizado en la Ley 80 hasta que pueda obtener aprobación final de la Junta de Control Fiscal (JCF), se anunció en la reunión de hoy de ese ente fiscal.

De inmediato, no quedaron claros los detalles, pero Omar Marrero, representante de la gobernadora Wanda Vázquez Garced ante la JCF, dijo que la Administración de los Sistemas de Retiro (ASR) emitiría una nueva carta circular para recoger la postura anunciada hoy. Pero también dijo que el gobierno seguirá buscando conocer cuántos empleados se quieren acoger al retiro incentivado para poder definirle a la Junta exactamente cuáles serían los costos del programa. Lo que no quedó inmediatamente claro es si la expresión del empleado de que quiere acogerse al programa será considerada como una irrevocable, que es como está definida ahora.

La directora ejecutiva de la Junta, Natalie Jaresko, dejó claro en su presentación la dimensión que ese ente fiscal le da al hecho de que la Ley 80 siga sin su autorización. En referencia a que la implantación de la misma significaría que se revocan los cambios que se introdujeron al sistema de pensiones públicos en 2013, recalcó que “si la legislatura puede deshacer esta reforma, sienta un precedente sobre la capacidad para alcanzar otras reformas que ya están planificadas”.

Luego, en una conferencia de prensa, comentó que la decisión del gobierno de dejar en suspenso la aplicación significa que la Junta no tiene que entrar a considerar la posibilidad de un litigio. El nuevo, y controversial, miembro de la JCF, Justin Peterson, alabó el manejo de Jaresko con este programa de retiro. “Al día de hoy, el gobierno no ha mostrado ninguna señal de ningún ahorro” para compensar el gasto que implica el retiro incentivado, recalcó la directora ejecutiva sobre la legislación que fue aprobada desde verano por la gobernadora Wanda Vázquez Garced quien, a su vez es una empleada pública elegible para el retiro incentivado.

Tras la reunión de la Junta, el administrador de los Sistemas de Retiro, Luis Collazo Rodríguez, dijo que van a seguir auscultando la intención de los empleados de acogerse al retiro incentivado pero “no permitiremos que ningún empleado se separe del servicio para acogerse a los beneficios del Programa” hasta que la Junta apruebe la ley. “Esto para salvaguardar los derechos y la protección de empleo de todos nuestros servidores públicos. Estaremos enviando próximamente una Carta Circular a las agencias y municipios para aclarar dicho asunto”, añadió.

La carta circular de la ASR que está vigente hoy dice asigna carácter de “irrevocable” a esa notificación que hace el empleado, pero Collazo dijo que se emitirá una nueva carta circular.

Las leyes en controversia son la 80 (retiro incentivado), 81 (beneficios adicionales para policías, bomberos, paramédicos y oficiales correccionales) y la 82 (uso de licencia de enfermedad para que los maestros completen su elegibilidad al retiro). Collazo dijo que la 81 y 82 no han arrancado precisamente porque la Junta no las ha aprobado.

La ASR estima que hay 6,934 empleados elegibles para el retiro incentivado de los que entraron al servicio público bajo la Ley 447 (antes de 1990) y 10,974 de los que entraron bajo la Ley 1 (de 1990 a 1999). Los que entraron de 2000 en adelante no son elegibles.

Vea:

Junta advierte que los que se retiren bajo Ley 80 pueden quedarse sin nada