Una nueva alianza de organizaciones crea una guía para el reclutamiento de empleados públicos.

En medio del debate que generó la lista de nombramientos de última hora que realizó la gobernadora Wanda Vázquez Garced, un grupo de profesionales de las comunicaciones, empresarios y académicos emplazó a los candidatos a la gobernación a ceñirse por un decálogo que prepararon para evitar que el criterio político partidista rija el proceso de reclutamiento de los funcionarios públicos.

Ese decálogo, que se enviará a los candidatos que aspiran a dirigir los destinos del país, forma parte de una iniciativa ciudadana denominada “Talento Pro”, que busca transformar el proceso de reclutamiento en el gobierno, restituir el orgullo por el servicio público y convertir este tema en una prioridad de la agenda de trabajo del próximo gobernador o gobernadora.

En una rueda de prensa virtual hoy, la presidenta del Consejo de Expresidentes de la Asociación de Relacionistas Profesionales, Iris Rivera Ortiz, explicó que esta iniciativa contará con una primera fase de educación y concienciación, que se apoyará en el uso de las redes sociales y la publicación de anuncios de servicio público, y otra fase de evaluación y medición post-elecciones.

El exdirector de la Escuela Graduada de Administración Pública de la Universidad de Puerto Rico, Mario Negrón Portillo, y sus colegas, el sociólogo y exsecretario de Educación, César Rey Hernández y la catedrática Yolanda Cordero Nieves prepararon la lista, que debería guiar el proceso de nombramiento de los jefes de agencias, empleados de confianza y de carrera en el gobierno.

Bautizada como la «Guía de Criterios para un Buen Administrador Público», este decálogo propone que el proceso de reclutamiento siga los siguientes valores y principios:

Además del Consejo de Expresidentes de la Asociación de Relacionistas Profesionales, esta iniciativa es avalada por la Asociación de Industriales, la Cámara de Mercadeo, Industria y Distribución de Alimentos (MIDA), la Cámara de Comercio de Puerto Rico, la Asociación de Economistas, el Centro Unido de Detallistas (CUD) y la organización sin fines de lucro Espacios Abiertos.

Durante el encuentro virtual, los portavoces de estas organizaciones plantearon que durante las pasadas décadas el país ha experimentado un marcado deterioro en la calidad del servicio público debido al nombramiento de funcionarios que no contaban con la experiencia, capacitación, liderazgo y compromiso que requiere la gestión gubernamental. Esta situación, a su juicio, ha redundado en la carencia de servicios eficientes y de calidad para la ciudadanía y en una crisis económica que desembocó en la quiebra gubernamental.

La iniciativa, presentada a cinco semanas de los comicios generales del 3 de noviembre, surge un día después de que la Gobernadora retirara los nombramientos del actual secretario de asuntos públicos de La Fortaleza Osvaldo Soto García como contralor y de la secretaria de prensa de La Fortaleza Mariana Cobián Rodríguez como comisionada asociada del Negociado de Telecomunicaciones. Ambas designaciones recibieron críticas por la falta de experiencia y de preparación de los nominados para ocupar puestos medulares en el servicio público.

“Lo que queremos es llevar a Puerto Rico a esos niveles que tenía hace 30 o 40 años en la administración pública, momentos en los que Puerto Rico fue la guía y el modelo a seguir por algunas de las economías más desarrolladas del mundo hoy día. Podemos hablar claramente de Singapur y de Irlanda, cuyos dirigentes vinieron a Puerto Rico para saber cómo se hacía un buen gobierno”, apuntó Manuel Reyes de MIDA.

El colectivo no endosará candidatos, pero aspira a que otras organizaciones se sumen a este esfuerzo.

Específicamente, la alianza difundirá una campaña de servicio público con sus reclamos. También recogerá firmas para sumar aliados a través del portal change.org y en su página web www.talentopropr.com y como parte de su emplazamiento a los candidatos procurarán que éstos se expresen sobre el tema en sus plataformas y en sus presentaciones públicas.

Luego de las elecciones, el colectivo aseguró que se mantendrá activo y vigilante “en su misión de elevar la calidad de la administración pública en Puerto Rico a fin de garantizar que la prestación de servicios a la ciudadanía sea basada en eficiencia, integridad, medición de resultados y transparencia conforme las guías presentadas”.