Las múltiples quejas de los abonados por el alza en sus facturas de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) debido al Cargo de Cumplimiento Ambiental y Regulatorio (CCAR) provocaron una resolución bipartita para investigar cómo se promedia el cargo y si se utiliza íntegramente para los fines establecidos.

‘Cuando se evaluó la implementación del CCAR, fuímos eco de las advertencias de los consumidores de que este nuevo impuesto sería un golpe al bolsillo para el abonado residencial y que el mismo impactaría adversamente la forma de hacer negocios en la Isla al hacerlos más onerosos. Una vez más, el tiempo nos dio la razón’, expresó el representante novoprogresista Héctor Torres Calderón, quien junto a Nelson Torres Yordan quien preside la Comisión de Asuntos del Consumidor y Prácticas Antimonopolísticas, comisión que estaría a cargo de la investigación, radicaron la Resolución de la Cámara 934.

En el 2013 se creó un nuevo sistema de tarifas en la AAA que incluyó el denominado ‘Cargo de Cumplimiento Ambiental y Regulatorio’, que corresponde al consumo por bloques establecidos para los clientes residenciales.

Mientras, para los clientes comerciales, industriales y de gobierno es un cargo fijo de acuerdo al tamaño del diámetro del contador, independientemente del consumo. Se determinó que los fondos recogidos por el CCAR se dirijan a cumplir con los proyectos de la Agencia de Protección Ambiental (EPA, por sus siglas en inglés) y el Departamento de Salud.

Como resultado del aumento tarifario de la AAA, muchos abonados han visto cómo sus facturas de consumo de agua se han duplicado y hasta triplicado, en comparación con la estructura tarifaria anterior. Sectores comerciales, empresariales e industriales han advertido sobre lo negativo que han sido los cambios en la creación de empleos y en el desarrollo económico en general.

‘Tal ha sido el malestar y las consecuencias adversas a la economía que este nuevo impuesto ha provocado, que el mismo ha llegado a ser comparado con el cargo de ajuste por combustible de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE). Es imperativo que se realice este estudio para asegurar la transparencia en los procesos y que el mismo cumpla con su propósito original y no se convierta en el zafacón por el cual la Autoridad esconde, y a la vez justifica, su ineficiencia administrativa y operacional’, sentenció Torres Calderón.