La secretaria de la gobernación, Ingrid Vila Biaggi, informó el sábado, que cuatro corporaciones públicas, a saber, la Corporación del Fondo del Seguro de Estado y sus sindicatos, la Unión de Empleados de la Corporación del Fondo del Seguro del Estado, la Unión de Abogados, la Unión de Contadores y Auditores Externos y la Unión de Auditores Internos, suscribieron y ratificaron acuerdos en virtud de la Ley Especial de Sostenibilidad Fiscal.

La Comisión Industrial, junto a la Federación Central de Trabajadores; la Autoridad de los Puertos, con la Unión de Muelles de Puerto Rico; y la Administración de Compensaciones por Accidentes de Automóviles (ACAA), con la Unión Independiente de Empleados de la ACAA, suscribieron y ratificaron acuerdos en virtud de la Ley Especial de Sostenibilidad Fiscal.

‘Con estos siete acuerdos que se ratificaron en cuatro corporaciones públicas, más de 2,800 empleados gubernamentales y sus patronos demostraron que, con espíritu de colaboración y buena fe, se puede llegar a acuerdos que sean beneficiosos tanto para los trabajadores como para las finanzas públicas. En tiempos difíciles, necesitamos de desprendimiento y solidaridad de todos los componentes de la sociedad puertorriqueña. Aprovecho para exhortar al resto de las jefaturas de las corporaciones públicas y sus sindicatos a que concierten voluntades y logren acuerdos beneficiosos para los trabajadores y para el país; confío que así lo harán’, expresó Vila Biaggi en un comunicado de prensa.

Mencionó que al momento, se han ratificado 14 acuerdos en nueve corporaciones públicas; igualmente, hay otras dos corporaciones públicas que ya lograron acuerdos con sus respectivos sindicatos, pero aún la matrícula unionada no ha ratificado los mismos.

Vila Biaggi sostuvo que en el gobierno central, la totalidad de los empleados unionados ratificaron los pactos suscritos como parte de la entrada en vigor de la Ley Especial de Sostenibilidad Fiscal. Los acuerdos ratificados cobijan un total de 46,833 empleados unionados de los 59,985 o un 78.07 por ciento de los trabajadores organizados sindicalmente en el gobierno central y corporaciones públicas.