Washington, D.C. – Políticos y funcionarios se manifestaron complacidos y optimistas de que la mayoría de los jueces del Tribunal Supremo de Estados Unidos entendió la posición del Estado Libre Asociado, respecto a que es una anomalía e injusticia no permitir que Puerto Rico no pueda recurrir al Capítulo 9 de la Ley de Quiebras federal ni tener la autoridad para legislar localmente para buscar una solución a su crisis fiscal.

‘Los jueces llegaron a la misma conclusión, el absurdo que el Congreso pudiera pretender que Puerto Rico no tenga ningún mecanismo para reestructurar su deuda’, afirmó el presidente del Senado, Eduardo Bhatia.

Mientras, la presidenta del Banco Gubernamental de Fomento (BGF) y principal oficial financiera de Puerto Rico, Melba Acosta Febo, una de las demandantes nombradas en los casos considerados por el Tribunal el martes, también se mostró optimista.

‘Me parece que por las expresiones que hizo el tribunal se nota la injusticia que trae el caso de Puerto Rico y la posición en que nos han puesto, que no tenemos una cosa ni podemos tener la otra’, opinó la funcionaria.

Añadió que varios de los jueces señalaron la urgencia de la situación. ‘Aquí hay un issue de que Puerto Rico no pueda tener una ley para poder dar servicios básicos, que haya electricidad, que haya agua’, dijo. ‘Aquí hay un issue humano’, insistió Acosta Febo.

Por su parte, el secretario del Departamento de Justicia, César Miranda, expresó que, ‘Fue una vista de lo más interesante. Noté una receptividad de los jueces del Supremo (de Estados Unidos). La jueza (Sonia) Sotomayor (fue) muy incisiva en sus argumentos… pareció inclinarse a favor de nuestra posición’.

‘Si se piensa que la Ley de Quiebra Criolla es inconstitucional entonces a Puerto Rico se le estaría dejando en un limbo jurídico, sin un mecanismo para poder reestructurar su deuda, contrario a lo que ocurre a ninguno de los estados de Estados Unidos y contrario a lo que le ocurre a ninguna nación soberana. Eso sería algo verdaderamente extraño, porque, particularizaría la situación del país y la sometería a un tratamiento verdaderamente injusto’, añadió en entrevista radial (NotiUno).

Entretanto, el comisionado residente Pedro Pierluisi, consideró que ‘el curso de acción más responsable no es esperar a que el Tribunal Supremo se pronuncie, sino que el Congreso apruebe rápidamente legislación que autorice a Puerto Rico a reestructurar una parte significativa de su deuda y que establezca una junta temporal e independiente que permita al gobierno Puerto Rico ser más disciplinado en el área fiscal, publicar información financiera de forma transparente y oportuna, y recuperar el acceso a los mercados de crédito en condiciones razonables. La junta también podría desempeñar un papel en el proceso de reestructuración, trabajando para lograr acuerdos voluntarios entre las entidades emisoras de deuda y sus acreedores, y sirviendo de filtro previo a que cualquier entidad emisora de bonos le solicite a un juez federal que haga cumplir un acuerdo de reestructuración sobre todos sus acreedores’.

‘Algo es seguro. El status quo en el que Puerto Rico no tiene un marco legal para poder reestructurar las deudas de sus entidades públicas, ya sea a nivel federal o territorial, no beneficia ni a los 3.5 millones de ciudadanos americanos que residen en Puerto Rico ni a los acreedores del gobierno, muchos de los cuales residen en Puerto Rico. Puerto Rico necesita un marco legal en el que pueda reestructurar sus deudas públicas de manera justa y ordenada. El Congreso debe proporcionarlo, convirtiendo innecesario el caso del Tribunal Supremo’, concluyó Pierluisi.

Por otro lado, el secretario del Tesoro, Jacob Lew ante una audiencia del Comité de Finanzas de la Cámara aseguró que Puerto Rico necesita reestructurar toda su deuda para encontrar salida a la crisis fiscal, reseñó Reuters.

Respecto a los efectos en el mercado de bonos municipal de una reestructuración de la deuda del ELA, Lewdijo que cada emisión de debe mirar indepndientemente basado en riesgo y calidad crediticia.

‘Creo que lo peor que le puede pasar al mercado municipal de bonos es una resolución desordenadade la deuda de Puerto Rico, lo cual sucederá si el Congreso no actúa’, insistió Lew.

La Cámara federal controlada por republicanos prometió atajar la crisis fiscal de Puerto Rico con algún plan o Junta de Control Fiscal para finales de marzo, pero el portavozPaul Ryandijo hoy que dicho plan no se discutirá hasta mediados de abril.

En mayo, el BGF debe pagar $422 millones al servicio de la deuda.