Más allá de validar la inexistencia del poder soberano del Estado Libre Asociado, la determinación del Supremo Federal en el caso Pueblo v Sánchez Valle hace obligatoria, más que nunca, la comunicación entre las autoridades locales y federales durante una investigación dual o independiente para determinar cual foro procesa que tipo de cargos.

Para el secretario del Departamento de Justicia (DJ), César Miranda, el mejor caso que demuestra la dinámica de colaboración y comunicación entre ambas jurisdicciones lo es el caso criminal contra Anaudi Hernández pues mientras Fiscalía Federal lo acusó por conspiración y fraude, en el plano local fue acusado por violaciones al código de rentas internas. ‘Ese caso ilustra claramente que se puede trabajar simultáneamente con relación a las mismas personas en investigaciones separadas’, indicó Miranda.

En su raíz la determinación de Sánchez Valle prohíbe que una persona sea acusada por el mismo crimen en el foro estatal y el foro federal pues, según decidió el máximo foro judicial, constituye doble exposición. A pesar de eso el licenciado Leo Aldridge explicó que ambos foros pueden investigar un mismo individuo, ‘siempre y cuando sean dos delitos separados y uno no esté subsumido dentro del otro’.

La jurisdicción federal se limita a procesar cierto tipo de casos por disposición constitucional y para conservar el uso de sus recursos para crímenes de alto perfil. Al presente el DJ y Fiscalía Federal tienen un Memorando de Entendimiento para casos que envuelven el tráfico de drogas, armas, hurto de vehículos, robo bancario, comercio interestatal y explotación sexual. Este documento, que expira a fin de este año, formaliza la intervención local y federal en la etapa investigativa de este tipo de casos.

No obstante, Miranda explicó que en ánimo de trabajar en conjunto con otros casos no incluidos dentro el Memorando de Entendimiento hay cabida para que ambos foros colaboren sin necesidad de formalizar un acuerdo escrito. ‘Cuando la vida se ha ido complicando y entonces surgen una serie de delitos múltiples en un área en particular lo hemos formalizado, pero la relación de trabajo ha existido históricamente’, afirmó el secretario.

En casos de corrupción pública contra funcionarios del gobierno las autoridades locales asumen jurisdicción inmediata. Para estos casos, Justicia inicia una investigación preliminar cuyos resultados delega poco después al Oficina del Panel del Fiscal Especial Independiente, que a su vez se encarga de procesar el caso si encuentra causa para radicar cargos.

La intervención federal en estos casos suele a darse cuando hay fondos federales envueltos en la comisión del crimen. Justicia afirmó que tanto la investigación que iniciaron sobre la otorgación irregular de becas presidenciales en la UPR como las investigaciones que llevan contra los legisladores Jaime Perelló y Maritere González no cuentan con una colaboración directa con las autoridades federales, aunque eso no supone que en alguna futura etapa colaboren con ellos.

Por otra parte la determinación de Sánchez Valle da cabida para una segunda ronda judicial de no prosperar algún cargo en uno de los dos foros. Según Justicia, de concluir un trámite judicial en el foro federal sin resultar en convicción, el tribunal local puede encaminar su propio procedimiento criminal con aquellos cargos que no rindieron fruto. Lo mismo aplica al contrario.