De cara al proceso de negociación de la deuda con los distintos acreedores, Puerto Rico debe tener claro que la ejecución de este ejercicio no significa el fin de la crisis, sino el primero de muchos pasos que deben estar dirigidos a la mejoría económica y que fácilmente se pueden desviar a un relapso hacia la crisis.

Para el economista y experto en reestructuraciones foráneas, Martín Guzmán, dicho proceso es meramente una condición necesaria para proveer el espacio al gobierno para establecer las políticas necesarias que lleven al crecimiento económico y aumenten la demanda.

En ese sentido, lo primordial para encaminar una reestructuración efectiva es un plan de desarrollo económico enfocado en generar las condiciones para el crecimiento. Tal plan debería rechazar tajantemente cualquier propuesta de austeridad, no debería enfocarse en regresar a los mercados financieros y tampoco debe satisfacer los deseos de los acreedores.

En esta línea, Guzmán observó que hasta el momento no hay indicios de que la Junta de Control Fiscal (JCF) quiera actuar de modo transparente, tomando en cuenta que han emitido cifras basadas en supuestos que podrían ser más optimistas de lo que realmente son junto a medidas de austeridad con un potencial sumamente dañino para el país. Incluso, el organismo federal reconoce que sus iniciativas conllevarían una contracción del Producto Neto Bruto de 16.2%, una cifra sumamente alarmante para el economista.

‘Lo que está proponiendo la Junta es matar al país. Quien está muerto no puede pagar sus deudas. Para poder recuperar sostenibilidad Puerto Rico necesita volver a crecer. Entonces, si la Junta trabaja de forma constructiva junto al gobierno de Puerto Rico lo que debería no es decir este es el mínimo que vamos a aceptar de pago a los acreedores el año que viene y esto implicará esta caída de 16%’, sentenció el economista.

Aún así, Guzmán señaló que la voluntad ciudadana en contra de estas medidas puede tener un efecto positivo al proceso de negociación, ya que presiona al poder político de turno, elemento que el acreedor tiene que tomar en cuenta o podría perjudicarse en el proceso de reestructuración.

El objetivo de cualquier proceso de reestructuración de deuda debe ser crear las condiciones para que el país pueda tener una deuda sostenible que permita el crecimiento económico. Según Guzmán, reestablecer el crecimiento económico lleva al país a recuperar la confianza y consecuentemente atraer la inversión.

Sin embargo, la vía de la negociación voluntaria con acreedores para lograr la reestructuración conlleva conocimiento por todas las partes, pues comúnmente los grupos de acreedores más poderosos exigirán prioridad de pago y condiciones que perjudicarían el pago a otros acreedores y creando un desequilibrio en el proceso de reestructuración. Este tiende a ser el caso con aquellos acreedores que compran bonos vencidos, mejor conocidos como los fondos buitres, cuya intención en obtener esa deuda es litigar para obtener un valor mayor de vuelta.

‘Una negociación voluntaria o descentralizada es muy peligrosa. Para una negociación voluntaria necesitas que un 100% de las voluntades estén alienadas con lo que se necesita para resolver el problema y eso es muy difícil de lograr’, explicó Guzmán. En esa línea advirtió que la eliminación de estatutos legales que prohíben a instituciones financieras comprar deuda con el propósito de demandar, como la Ley Champerty en el estado de Nueva York, favorece la actitud predatoria contra naciones soberanas.