La fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega, cifró hoy en 39 las muertes registradas en las protestas contra el Gobierno de Nicolás Maduro desde el 12 de febrero, dos más desde la última cifra oficial proporcionada la semana pasada.

‘Tenemos 39 fallecidos en hechos violentos (…) 31 son civiles y ocho funcionarios policiales y militares’, anunció Ortega en una rueda de prensa en la sede del Ministerio Público.

Además, reveló que el número de lesionados aumentó en 49, para alcanzar los 608, de los cuales 414 son civiles y 194 son funcionarios.

Ortega indicó que su despacho se encuentra investigando 102 casos por presunta violación de los derechos humanos, de los cuales 95 casos son por trato cruel, tres por homicidio consumado, dos por tortura y dos más por homicidio frustrado.

En cuanto al número de personas que han sido presentadas ante los tribunales de control, señaló que la cifra es de 2,285, de las cuales 904 ‘dicen ser estudiantes’.

‘Hay 192 personas privadas de libertad, de los cuales 17 son funcionarios policiales y militares’, apuntó al respecto.

Venezuela se encuentra sumida en una oleada de manifestaciones contra el Gobierno desde hace casi dos meses, muchas de ellas encabezadas por estudiantes y parte de la oposición y que en algunos casos han derivado en hechos de violencia de los que éstos se han deslindado.

Una de estas situaciones ocurrió el jueves en las inmediaciones de la Universidad Central de Venezuela (UCV) en Caracas, donde estudiantes convocaron a marchar hasta la sede de la Vicepresidencia Económica.

Un cordón policial impidió que la marcha se llevara a cabo, lo que derivó en enfrentamientos con las fuerzas de seguridad, en los que varias personas resultaron heridas.

Ortega indicó que ya han sido asignados dos fiscales para investigar los hechos, quienes ‘ya han practicado un conjunto de diligencias (…) para el esclarecimiento’ de lo sucedido.

‘Ya estamos trabajando, dando respuesta inmediata’, afirmó.

La fiscal señaló, además, que de 26 investigaciones, en cinco se llegó al sobreseimiento del caso, mientras que en las 21 restantes sí se llegó a una acusación formal.

Una de estas es la del líder opositor Leopoldo López, precisó Ortega, cuya oficina tenía como plazo hasta mañana para presentar los cargos contra el dirigente.

‘En Caracas se acusó al ciudadano Leopoldo López Mendoza, economista, por los delitos de instigación pública, daños a la propiedad en grado de determinador, incendio en grado de determinador (autor intelectual) y asociación para delinquir’, anunció.

López se entregó el 18 de febrero a las autoridades en un acto multitudinario, tras ser responsabilizado por el presidente Maduro de los enfrentamientos que hubo al término de una marcha pacífica que el 12 de febrero acabó con tres muertos.

El Gobierno llamó a un diálogo de paz y pidió a la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) que enviara una misión al país para que contribuyera a la solución de la crisis que vive el país desde entonces.

La misión de cancilleres de Unasur visitó la semana pasada Venezuela y emitió una serie de recomendaciones a las partes, y tiene previsto regresar el próximo lunes para continuar sus gestiones a favor del diálogo, que podría contar con la mediación del Vaticano.