El gobernador Alejandro García Padilla convirtió en ley el viernes el Proyecto de la Cámara 1966, que establece incentivos en el pago de sellos de rentas internas y comprobantes de inscripción a la hora de hacer una hipoteca.

La ley permite que las escrituras de refinanciamiento de hipotecas bajo el Programa de Seguro Hipotecario estén exentas del pago y cancelación de sellos de rentas internas y comprobantes requeridos por ley para el otorgamiento de documentos públicos.

Además, en el caso de las escrituras de cancelación de hipotecas preferentes se concede una exención de 50 por ciento del pago por concepto de sellos de rentas internas y comprobantes. Se exceptúa de las exenciones los aranceles de la Sociedad para la Asistencia Legal y para mantener el Fondo de Mecanización del Registro de la Propiedad.

De otra parte, el mandatario firmó además el Proyecto de la Cámara 1018 que establece la obligación de notificar a los municipios donde se proponga un proyecto para la ubicación de antenas o construcción de una torre de telecomunicaciones. La nueva ley dispone que la notificación debe ocurrir antes de adjudicar dicha solicitud de ubicación o construcción.

De igual modo, se dispone que se notificará al municipio la determinación final en torno a la aprobación o denegación de la solicitud de permiso. Este nuevo estatuto responde al reclamo de los alcaldes para ser parte del proceso decisional con las agencias reguladoras previo a la construcción de este tipo de estructura.

De igual manera, el gobernador García Padilla estampó su firma sobre el Proyecto de la Cámara 1273, que reafirma el deber del estado en velar por la seguridad de los ciudadanos. Esta nueva ley enmienda la ‘Ley de Vehículos y Transito de Puerto Rico’ para aumentar la pena a todo conductor de un vehículo involucrado en un accidente de tránsito que no detenga su vehículo en el lugar del accidente o tan cerca del mismo como fuese posible.

El conductor que incumpla con este deber incurrirá en delito menos grave y se expondrá a una pena de reclusión por un término no mayor de 6 meses, a una multa no mayor 5,000 dólares, o ambas penas a discreción del Tribunal.

Por otro lado, si como consecuencia del accidente resultare lesionada o muerta una persona, se incurrirá en delito grave y será sancionado con pena de reclusión por un término fijo de 3 años. Además, se expone a la revocación de la licencia o permiso de conducir por parte del secretario de Transportación y Obras Públicas.