En la conversación con Hacienda, también participó Mabel Cabeza, exenlace con el «Task Force» Médico y la ex secretaria auxiliar de Salud, Adil Rosa.

La subsecretaria de la Gobernación, Lillian Sánchez Pérez, así como la ex jefa de personal del Departamento de Salud, Mabel Cabeza Rivera, y la ex secretaria auxiliar de la agencia, Adil Rosa Rivera, gestaron una llamada grupal con un funcionario del Departamento de Hacienda para conocer el proceso de autorizar pagos por adelantado a los suplidores.

La llamada se llevó a cabo días antes de tramitarse los contratos y pagos adelantados a 313, LLC, Maitland 175 y Castro Business para la compra de cientos de miles de pruebas rápidas para detectar el coronavirus, o COVID-19, a un total ascendente a $9 millones.

“Se les orientó sobre el proceso y los documentos que tenían que tramitar”, explicó Alfonso Rossy Raíces, secretario auxiliar de Contabilidad en Hacienda a quien llamaron para recibir esta información.

En el “conference call” también participó la directora de presupuesto de Salud, Velmarie Martínez.

Rossy Raíces reveló la información al testificar bajo juramento ante la Comisión de Salud de la Cámara de Representantes, que investiga la venta de 101,500 pruebas de COVID-19 por parte de la empresa 313, LLC por un total de $3.6 millones y otras contrataciones irregulares en el contexto de la emergencia.

El funcionario, quien es contador público autorizado, indicó que era la primera vez que conversaba con Sánchez Pérez, Cabeza Rivera y Rosa Rivera en conjunto sobre pagos por adelantado.

No obstante, con Sánchez Pérez ha mantenido “comunicación constante” referente a “otros asuntos que se tramitan en Hacienda”, los cuales no especificó.

Durante las vistas ejecutivas, el nombre de Sánchez Pérez ha trascendido como a quien se le enviaron correos electrónicos para que evaluara la cotización de Apex General Contractors (APEX), que ofrecía un millón de pruebas rápidas en cinco días por $38 millones, a pesar de que es una empresa de construcción sin experiencia en productos de salud. Cabeza Rivera y Rosa Rivera estuvieron copiadas en ese correo electrónico.

La información manejada por la Comisión de Salud afirma que Sánchez Pérez también tenía conocimiento de varias compras de ventiladores y otros suministros, por lo que será citada a deponer.

Aunque no cumplía con los requisitos para emitir pagos por adelantado, Salud autorizó un pago por adelantado de 60 por ciento a 313, LLC.

Según Rossy Raíces, los pagos adelantados están condicionados al cumplimiento de tres requisitos: que la empresa que ofrezca el producto sea licitador único, que el suplidor lo requiera y que la práctica comercial aparezca estipulada en el contrato.

313, LLC no era un licitador único. Sin embargo, Rossy Raíces lo justificó en la medida en que la empresa ofrecía un producto que escaseaba en Puerto Rico y en el mundo en medio de la pandemia.

“Ante mi juicio profesional, conociendo que los productos escaseaban, que el suplidor lo requería, entendíamos que se podía adelantar. No necesariamente tiene que cumplir con los tres criterios, dice el reglamento”, argumentó Rossy Raíces, quien antes de laborar en Hacienda, fue consultor en BDO Puerto Rico que rendía servicios a la agencia pública.

Esta empresa enmendó sus artículos de incorporación el 18 de marzo para agregar entre sus ofrecimientos los servicios médicos. Dos días después, el 20 de marzo, firmó el contrato de compra-venta con Salud. Un segundo contrato con la agencia fue firmado el 24 de marzo.

Por la fecha que Rossy Raíces le adjudicó a la llamada —el sábado, 21 de marzo—, Cabeza Rivera ya se desempeñaba como enlace entre el “Task Force” Médico y La Fortaleza.

Hasta el 19 de marzo, Cabeza Rivera fungía como jefa de personal, o “Chief of Staff”, del exsecretario de Salud, Rafael Rodríguez Mercado, pero fue destituida por la secretaria interina, Concepción Quiñones de Longo, mediante un memorando administrativo.

Para el 21 de marzo, además, ya se había firmado uno de los dos contratos con 313, LLC, el cual proveía 1,500 de las 101,500 pruebas rápidas para detectar el COVID-19 y el de Maitland 175. Ambos acuerdos fueron firmados el 20 de marzo, según órdenes de compra divulgadas por Salud.

“Lamentablemente la Gobernadora le dijo al país que esta orden se había hecho bien. Todos sabemos y ya escucharon lo que ha pasado, así que otro asunto que tenemos que mirar es el reglamento que ellos tienen para aprobar pagos por adelantado. No cumplieron con ese reglamento, un reglamento que administran ellos mismos. Lo que dijeron fue que hicieron el pago por adelantado porque el suplidor lo solicitó”, expresó Juan Oscar Morales Rodríguez, presidente de la Comisión de Salud.

El 8 de abril, la gobernadora Wanda Vázquez Garced justificó los intentos de compra de pruebas para detectar el COVID-19 bajo la premisa de que Puerto Rico se encuentra en medio de una emergencia y el gobierno debía resolver la escasez de pruebas para detectar esta enfermedad a como diera lugar.

En su explicación, se basó en que el trámite tuvo la evaluación y aprobación de cinco agencias, sin embargo, con el paso de los días, cada agencia envuelta ha asegurado que no evaluaron el proceso como fue afirmado por la Primera Ejecutiva.