El representante Carlos Vargas Ferrer, informó el domingo que radicó el Proyecto de la Cámara 2561 para fijar el termino de 15 días para que el Tribunal o el Oficial Administrativo de Administración para el Sustento de Menores (ASUME) señale la vista de modificación de pensión alimentaria, cuando la razón para dicha solicitud sea la perdida de empleo o ingreso del alimentante.

Según el legislador, la medida además busca establecer que la fijación de la pensión hecha a esos efectos será retroactiva a la fecha de la solicitud.

‘El país se encuentra en coyuntura económica que hace previsible que los ciudadanos puedan confrontar cambios sustanciales en sus ingresos, o hasta la pérdida del mismo. Me parece que lo más importante es atender con prontitud las inquietudes que éstos puedan tener, en la eventualidad de que algo así se materialice. En esa dirección, presentamos esta medida para establecer, de forma clara y articulada, el curso de acción en los casos de los padres y madres alimentantes que, por razón de pérdida de empleo o merma sustancial en sus ingresos mensuales, requieran una modificación de sus pensiones alimentarias previamente establecidas,’ puntualizó el legislador en un comunicado.

El representante dijo que señalar un término fijo para atender ese reclamo de modificación, acompañado de la determinación de retroactividad en los efectos de la solicitud, promoverá que los tribunales y los oficiales de ASUME las atiendan con merecida celeridad. Además, razona que esto logrará el balance necesario entre los reclamos de los alimentantes, bajo estas circunstancias y los mejores intereses de los menores que no se verán afectados dramáticamente.

Esta medida se une a otras iniciativas legislativas que ha presentado el legislador sobre este asunto como el Proyecto de la Cámara 2110 mediante el que se pretende crear el Programa del Alquiler a la Compra: Apoyando y Promoviendo la Superación, haciendo más accesible tener viviendas propias y el Proyecto de la Cámara 2554 que propone darle una herramienta importante al ciudadano común que se encuentra en una situación económica difícil, con la que podrá ubicarse en una mejor posición a la hora de negociar con las entidades financieras respecto sus deudas.