El abogado Eddie López Serrano adelanta que es altamente probable que las restricciones propuestas e implementadas a través de las órdenes ejecutivas de la gobernadora Wanda Vázquez sobrevivan la revisión judicial.

En las últimas semanas los cuestionamientos a las restricciones impuestas por la administración de la gobernadora Wanda Vázquez Garced, para el manejo de la propagación de la pandemia del COVID-19, no han cesado.

En su mayoría, muchos sectores de la población han acatado las restricciones que limitan sus actividades diarias. En otras instancias, individuos se han auto revestido de la autoridad judicial de la red social de su predilección para interpretar, a su gusto, las órdenes ejecutivas OE-00023 y la OE-00029, que dictara la gobernadora, los pasados 14 y 29 de marzo del año en curso, respectivamente.

Por razón de la ocurrencia de eventos únicos y particulares recientes, hemos visto como el puertorriqueño recurre a su talento innato para exponer su conocimiento y opinar sobre cualquier asunto, no importa la complejidad o profundidad de los mismos.

Los asuntos de materia constitucional no han sido la excepción; quizás por el hecho de que luego de eventos recientes, tenemos muy claros nuestros derechos, y el que nadie nos los limite o coarte, así porque sí.

Peeeeroooo … ¡SORPRESA! … Nos enfrentamos, actualmente, a una situación de pandemia, a nivel mundial, por razón de la propagación y alto índice de contagio del COVID-19. ¿Nada que pudiésemos prevenir con anterioridad, cierto? …. ¡Pérate! (sic) … Quizás, SÍ lo pudimos haber visto venir hace unos meses, y tomar ciertas medidas. Pero pues, eso será materia de otra discusión.

Desde la organización de las más antigua de las civilizaciones hasta la actualidad, se reconoce como propósito principal, al éstas constituirse como Naciones-Estado, el velar por el bienestar y la seguridad de los ciudadanos que las componen.

Basado en dicho principio, los arquitectos de sus andamiajes jurídicos, desde los más sencillos hasta los más complejos, pudieron prever que las garantías, del más fundamental o natural de los derechos del cual un ciudadano queda revestido, debe y tiene que ceder ante situaciones de emergencia que pudieran poner en riesgo la salud y la seguridad del colectivo.

Por tanto, y contrario a lo que muchas veces asumimos, el ejercicio de ningún derecho es absoluto. Pudieran restringirse, o hasta quedar suspendidos. Claro, en circunstancias extraordinarias, y solo como la ley lo dispone.

Entiéndase, que esto solo procederá cuando un lineamiento de política pública que busca proteger a la ciudadanía de una situación de peligro colectivo entre en contravención o conflicto con el ejercicio de un derecho fundamental.

El bienestar del colectivo siempre prevalecerá sobre el interés individual. Son los tribunales los llamados a descargar tal responsabilidad y sopesar el balance de intereses antes mencionado. Sin embargo, NO lo puede hacer de manera consultiva. Tiene que plantearse un caso, dónde surja una controversia real, y que la misma sea susceptible de ser adjudicada.

A la luz de lo planteado, y los fundamentos jurídicos expuestos previamente, es altamente probable que las restricciones propuestas e implementadas a través de las órdenes ejecutivas dictadas por la Gobernadora, sobrevivan la mal llamada «mostaza» constitucional, o la revisión judicial correspondiente; y que los tribunales terminen avalando la restricción derechos, en las circunstancias excepcionales que nos ocupan, mientras dure la situación de emergencia.

Esto NO significa que dichas órdenes quedarían revestidas automáticamente de un manto de infalibilidad. Sospecho que aun cuando la validez de alguna de sus disposiciones pudiera quedar en entredicho, el espíritu del cual emana su implementación no correría la misma suerte, y de ahí el que el Estado prevalezca en los méritos de dicha controversia, la cual está próxima a materializarse.

Todo esto será objeto de procesos judiciales, y en algunas instancias, ciertos procedimientos tomarán más tiempo que otros. Ambas partes labrarán buenos argumentos; pero por el momento, la razón, la sensatez y el sentido común, deben imperar en la toma de decisiones de nuestra ciudadanía, así como la de nuestros oficiales del orden público.

Queda por verse si se recrudecerá, aun más, la severidad de las medidas del toque de queda o «lockdown». Lo que sí es casi seguro es que se extenderá un ratito más de lo que se nos ha informado, así que «¡Paciencia boricua!». Sigamos la fiesta en paz, pero cada cual en su casa, y cuidando de los suyos.