Los miembros de la Junta de Directores del Banco Gubernamental de Fomento (BGF) mantuvieron silencio el miercoles en torno a si seguirán los pasos del saliente presidente del organismo, David Chafey, quien renunció en medio de los serios problemas de liquidez que enfrenta la institución.
Al darse la renuncia, al menos dos de los miembros, Rafael Rovira y Joaquín Viso, se encontraban en viajes de negocios al igual que la presidenta del BGF,Melba Acosta Febo, quien se supo estará en Nueva York durante las negociaciones de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) con sus bonistas.
‘Tanto yo, como el resto del equipo del BGF y nuestra Junta de Directores, continuaremos enfocados en atender los retos que se nos presenten, y comprometidos con nuestros esfuerzos para restaurar la salud fiscal y el crecimiento económico de Puerto Rico’, dijo Acosta en declaraciones escritas como único indicio de que por el momento no se esperan más renuncias en el BGF cuya liquidez bajó en mayo a $770 millones.
En medio de una posible insolvencia, el BGF también sufrirá un recorte de millones de entre $300 a $400 millones en el pago de su deuda, lo cual obligaría a la institución a tener que renegociar con acreedores.
Una fuente de entero crédito aseguró que las determinaciones que hagan los miembros de la Junta de Directores sobre su permanencia dependerán de lo que suceda con las finanzas del Banco una vez se convierta en ley el Proyecto del Senado 1350 que otorga más poderes al BGF e inmunidad a los directores contra demandas civiles.
‘No tendrán responsabilidad personal civil hacia ninguna entidad y serán indemnizados por el Banco y exonerados de responsabilidad civil por acciones u omisiones de buena fe, en su capacidad y dentro de su autoridad, los miembros de la Junta de Directores, oficiales y empleados del Banco, en ausencia de prueba clara y convincente o de negligencia crasa que conlleve una indiferencia temeraria hacia sus deberes o la omisión de llevarlos a cabo’, dice la medida.
No obstante, se eliminó una parte que permitía al BGF aceptar depósitos aunque estuviera insolvente.
La medida dispone que a partir del 2016, los directores de la Junta necesitarán del consentimiento del Senado para ser seleccionados y crea una comisión para auditar la deuda con amplios poderes para requerir información de todas las agencias.
Acosta, sin embargo, dijo recientemente que entendía que la medida tendría poco impacto en las finanzas del BGF.
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