El Supremo federal notificó hoy, viernes, que verá el caso sobre la llamada ley de ‘quiebra criolla’ el 22 de marzo.

En la argumentación del Gobierno para que el máximo foro federal atendiera la controversia reclamaron que este debe sacar a los residentes de la Isla de la ‘tierra de nadie’ en la que la colocó un tribunal apelativo federal cuando decidió que la mencionada ley era inconstitucional.

A su vez, tanto el equipo económico de la Administración García Padilla, así como el varias figuras políticas cabildean en el Congreso para que Puerto Rico pueda acogerse al capítulo 9 de la Ley de Quiebras federal.

La radicación del argumento del gobierno ocurrió la semana pasada, días antes de que se anunciara que las negociaciones de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y el grupo de acreedores Ad Hoc se habían expirado sin un acuerdo.

La Ley para el Cumplimiento con las Deudas y para la Recuperación de las Corporaciones Públicas de Puerto Rico fue declarada inconstitucional por el Tribunal Federal en Puerto Rico con el argumento de que la Ley de Quiebras federal cerró el paso a que Puerto Rico creara su propio régimen de reestructuración de deudas a la misma vez que excluyó a la Isla de la aplicación de esa ley federal.

El Gobierno de Puerto Rico plantea al Supremo federal que se trata de ‘lo peor de los dos mundos’: no le aplica la Ley de Quiebra federal para reestructurar pero le aplica para prohibirle la creación de su propia ley de reestructuración.

Del reclamo del ELA depende la capacidad de manejar los aproximadamente $20,000 millones en deuda que mantienen ahogadas a la AEE, la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) y la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT).

Asimismo, el equipo económico del Gobernador intenta convencer a los aceedores a negociar la reestructuración de la deuda de $73,000 millones que ahoga la economía del Estado Libre Asociado y que ya ha provocado impagos.