La Comisión de Asuntos Laborales que preside el representante Ángel Peña Ramírez, llevó a cabo el viernes, el segundo día de análisis del Proyecto de la Cámara 454, para adoptar la ‘Ley para la Administración y Transformación de los Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto Rico’, que establece que el Gobierno se convertirá en Empleador Único, mediante la centralización de la administración de los recursos humanos de las agencias.

En el proceso de vistas públicas, tanto el designado secretario del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos, licenciado Carlos Saavedra Gutiérrez y la licenciada Nydia Irizarry Algarín, directora designada de la Oficina de Capacitación y Asesoramiento en Asuntos Laborales y de Administración de Recursos Humanos (OCALARH), favorecieron la medida señalando que es la mejor herramienta tanto para enfrentar la crisis fiscal como los requerimientos de recorte de gastos solicitados mediante el ‘Puerto Rico Oversight, Management and Economic Stability Act’ (PROMESA), como para retener a los empleados públicos y evitar que se trastoque los servicios al Pueblo.

Según un parte de prensa, a preguntas del presidente de la Comisión, Irizarry Algarín aseguró que la medida ‘está alineada con PROMESA, ya que estamos reduciendo costos, estamos siendo más efectivos, estamos haciendo un cambio estructural’, que es parte de la petición de la Junta de Control Fiscal (JCF) de realizar economías a nivel de los recursos humanos públicos.

Por su parte, el titular del Trabajo manifestó que ‘esta ley no sólo va en la dirección de cumplir con lo peticionado con la JCF, sino que le da garras al Gobierno para evitar el despido de empleados públicos, que es la primera ecuación que miran para la reducción de gastos’.

Según ambos deponentes ‘a través de la presente medida se garantiza el desarrollo pleno de nuestros recursos humanos velando por su crecimiento personal y profesional dentro de los servicios que rinde en el Gobierno mediante el concepto de la movilidad, a la vez que garantiza el empleo de nuestro servidor público’, sin que se afecten los convenios colectivos y la relación obrero patronal vigente.

Por su parte, la funcionaria de OCALARH, sostuvo que el concepto de movilidad se aplicará mediante reglamento, bajo el cual se establecerá un registro único de empleados de modo que cuando exista la necesidad de llenar una vacante se le presentará a la autoridad nominadora de candidatos que podrán ser asignados, tomando en cuenta circunstancias tales como la necesidad de servicio, lugar de residencia del empleado y su ubicación geográfica de prestación del servicio y convenios colectivos entre otros requisitos.

De otra parte, el director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), José Marrero Rosado, favoreció la pieza legislativa mediante ponencia escrita ya que ‘el proyecto no tiene impacto presupuestario determinado que afecte el funcionamiento del Gobierno de Puerto Rico’.

Mientras que la licenciada Sandra Torres López, quien por un espacio de tres años realizó junto a un grupo de profesionales un estudio para buscar soluciones balanceadas en beneficio de los servidores públicos y del Gobierno de Puerto Rico de cara a la crisis fiscal, aseguró que el ‘proyecto ante la consideración de ustedes contiene el balance adecuado’ para lograr ambos objetivos.

En la vista pública se atendió, además, a varios representantes de los grupos sindicales del País. Entre estos, Gerson Guzmán, en representación de la Unión General de Trabajadores (UGT), y José Rodríguez Báez, presidente de la Federación de Trabajadores de Puerto Rico, quienes agradecieron a la Comisión el espacio para expresarse en torno a la medida bajo evaluación.