Mientras a la opinión pública la mantienen dormida con temas como la crisis fiscal y las candidaturas inesperadas a la Gobernación, en este momento la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC por sus siglas en ingles) está a punto de realizar un cambio radical que tendrá un impacto directo en los consumidores puertorriqueños y que podría afectar las comunicaciones en todo el país.

Una serie de cambios propuestos para desmantelar y reducir la FCC podrían iniciar en par de semanas, incluyendo el cierre de la oficina local de esa agencia federal. Esto representa que no habrá un regulador y fiscalizador de industrias como la televisión, la televisión por cable, la radio, los radioaficionados, las empresas telefónicas y toda la comunicación inalámbrica en el país, especialmente la de los celulares.

El cambio afectará también la reglamentación de todo el espectro de la comunicación aeronáutica, o sea, entre aviones, helicópteros y otras naves. Además afectará la comunicación de agencias como la Policía y el Cuerpo de Bomberos. También representa que se dejará por la libre a piratas que roban la señal de comunicación. http://www.arrl.org/news/fcc-enforcement-bureau-field-resources-poised-to-shrink

A la vez en que se propone desmantelar la FCC, muchos de sus servicios serán enlazados a la Agencia de Seguridad Nacional (Homeland Security Agency), lo que ya ha levantado sospechas ante el aumento de los casos de carpeteo electrónico a ciudadanos y empresas en los Estados Unidos.

Toda esta polémica que se vive en Washington ha pasado inadvertida en Puerto Rico porque ni los políticos ni las autoridades locales han alertado a los consumidores de esta crisis.

Los hechos

Hace 20 días – el pasado 10 de marzo – se circuló en Washington un memorándum entre el Jefe de Cumplimiento de la FCC Travis LeBlanc y el director general de la agencia, Jon Wilkins en el que se estableció que había que cambiar la operación de esa dependencia para hacerla más ágil. Se propuso reducir el total de agentes investigadores en toda la nación de los 63 actuales a 33, y bajar la cantidad de oficinas regionales de 21 a cinco. Solamente quedarán operando las oficinas de la ciudad de Nueva York, Maryland, Chicago, Atlanta, Miami, Dallas, Los Angeles y San Francisco. http://www.radioworld.com/article/industries-nervous-about-potential-fcc-field-office-closures/274965

En los mercados donde la densidad poblacional es alta o hay mucha concentración de telecomunicaciones, se establecerían centros digitales para supervisión por remoto. Esto incluye las ciudades de Kansas City, Denver, Salt Lake City, Phoenix, Seattle, Anchorage, Honolulu y Billings en Montana y San Juan en Puerto Rico. Esto significa que si hay alguna querella de un consumidor, tendrá que enviarse a la oficina de Nueva York para que determinen si es meritoria enviar a alguna persona a que investigue a nivel local.

Gran parte de la preocupación en los Estados Unidos viene de las empresas de telefonía inalámbrica porque al bajar la cantidad de agentes investigadores, se deja libre el espacio para que aumenten los casos de interferencia de señal. http://www.insideradio.com/electronic-ears-one-fcc-option/article_a73013f4-d6b3-11e4-809e-833aede9b091.html En Puerto Rico este problema es bien común especialmente entre empresas que tienen celulares LTE con gran velocidad, porque hay piratas cibernéticos que roban la señal o interfieren con ‘scanners’ o ‘jammers’. También abunda la interferencia con sistemas como letreros tipo ‘billboards’ electrónicos y entre compañías de cable, según se supo.

Velo de silencio

Mientras la Asociación Nacional de Radiodifusores (National Association of Broadcasters) ha señalado que los cambios a la FCC son ‘preocupantes’ porque limitará la habilidad de la agencia para detener los problemas de interferencia en las comunicaciones de las oficinas de policías y de las emisoras de radio, aquí ningún gremio ni entidad estatal ha dicho nada.

Hay que recordar que Puerto Rico es la jurisdicción con mayor número de emisoras de radio por milla cuadrada en todos los Estados Unidos, pero la a Asociación de Radiodifusores no se ha expresado sobre el tema. Tampoco lo ha hecho la alianza entre los canales de televisión ni las compañías de cable TV.

A nivel del gobierno, en Puerto Rico se ha mantenido un velo de silencio porque los funcionarios públicos han optado por la política en vez de estar pendientes a los aspectos operaciones y el impacto en el consumidor. Dónde está el Comisionado Residente Pedro Pierluisi en todo este proceso? Se sabe que Pierluisi está al tanto de la situación pero no ha hecho ningún comentario público. Dónde está el Administrador de la Oficina de Asuntos Federales, Juan Eugenio Hernández Mayoral que tampoco ha dicho nada sobre estos cambios inminentes a la FCC?

Dónde queda la Junta Reglamentadora de Telecomunicaciones? Al parecer, las pugnas entre los comisionados populares y los estadistas han ocupado el campo porque tampoco este reglamentador estatal ha advertido a los consumidores. Y DACO?, bien gracias. Tampoco se han expresado al respecto el Superintendente de la Policía, José Caldero, ni el Jefe de los Bomberos, Ángel Crespo.

En otras palabras, el consumidor puertorriqueño y las agencias de seguridad y servicio están desprovistos del impacto que estos cambios en la FCC podrían tener en las comunicaciones a nivel local.

*Originalmente publicado en el blog En Blanco y Negro con Sandra.