Una mayor transparencia en los procesos de confirmación de los jueces, por parte del Senado de Puerto Rico, es la reciente exigencia de la Federación Latinoamericana de Magistrados (FLAM) y del Grupo Regional Iberoamericano de la Unión Internacional de Magistrados.

Tras la celebración de su reunión anual el pasado miércoles, 2 de mayo en Puerto Rico, ambos organismos suscribieron la Declaración de San Juan.

En dicha Declaración se establece una solicitud al Senado de que ‘en el proceso de re nominación de los jueces, observe un procedimiento público y transparente basado en criterios de ponderación de antigüedad y mérito, que asegure a todos los miembros del Senado la oportunidad de contar con los elementos de juicio necesarios para decidir de una manera informada, en cumplimiento de su responsabilidad constitucional’

La petición surge luego de que los delegados de Puerto Rico de dichos organismos denunciaran que los recientes nombramientos sometidos por el gobernador Luis Fortuño, de los jueces Aldo González Quesada y Yazmín Nadal Arroyo fueron colgados de manera irregular en el Senado. Por los últimos doce años González Quesada se habría desempeñado como juez superior del Tribunal de San Juan y Nadal Arroyo como jueza superior del Tribunal de Bayamón.

Este mecanismo de descargue surgió sin que se le respetara el derecho a los jueces de expresarse para aclarar dudas a los senadores, sin mediar un informe de la Comisión de lo Jurídico Penal que preside el senador Roger Iglesias, y sin evaluar sus cualificaciones y desempeño como jueces.

En entrevista telefónica con NotiCel, la jueza Elizabeth Linares, presidenta de la Asociación Puertorriqueña de la Judicatura, que agrupa a cerca de 200 jueces de toda la Isla, cuestionó ‘si los jueces deben velar por el debido proceso de ley a los acusados, cómo es posible que el Senado no les garantice el debido proceso de ley’.

A su entender para evitar que este tipo de patrón surja contra jueces capacitados para el cargo debido a otros intereses personales como se alega ocurrió en el caso del juez González Quesada , es meritorio que se establezca la carrera judicial en vez de nombramientos a términos como ocurre actualmente. De hecho, reiteró que para los jueces la actitud del Senado denota un intento de atentar contra la independencia judicial.

Por lo pronto, se espera que para mañana se le haga llegar copia de la Declaración de San Juan a Fortuño; al presidente del Tribunal Supremo, Federico Hernández Denton; y al presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz.