El secuestrador de la cafetería de Sídney separó a los rehenes en grupos y abrió fuego cuando varios de ellos intentaron escapar del local, lo que propició la intervención de la policía, informaron hoy medios locales.

El padre de uno de los rehenes relató que la tensión en el local aumentó cuando el asaltante, el autoproclamado clérigo de origen iraní, Man Haron Monis, comenzó a separar a los 17 rehenes en grupos.

Bruce Herat, dijo que esto motivó que su hijo Joel, de 21 años, y a otros cinco rehenes derribaran una de las puertas internas y escaparan, lo que provocó que Monis disparara su primera ráfaga, según el diario ‘Sydey Morning Herald’.

La Policía reaccionó entrando al local y poniendo fin a la toma, que se saldó con la muerte en los últimos momentos de la confusa intervención del gerente del café, Tori Johnson, y la abogada Catrina Dawson, así como del secuestrador.

Johnson falleció por un disparo en la cabeza, indicaron fuentes no identificadas al canal 9 de televisión, aunque los análisis forenses aún no han concluido.

El suceso ha reabierto el debate sobre el control de armas en Australia, regulada por unas leyes endurecidas por el gobierno del conservador John Howard después de que un hombre armado y perturbado matara a 35 personas en Porth Arthur, en la isla de Tasmania, en 1996.

El senador del Partido Liberal Demócrata David Leyonhjelm dijo que Australia es una ‘nación de víctimas’ porque los ciudadanos no pueden utilizar las armas para defenderse y consideró que un hecho así ‘hubiera sido improbable en Florida o Texas’.

Leyonhjelm aseguró que las leyes sobre el control de armas ‘no han hecho nada para prevenir que este tipo cometa actos diabólicos en nombre del islamismo ni han prevenido que obtenga una pistola’, en declaraciones a la cadena ABC.

El senador del Partido Verde, Adam Bandt, replicó que defender que un mayor acceso a las armas como sucede en Estados Unidos haría que Australia fuera más segura ‘sobrepasa los límites’, y aseguró que Howard actuó correctamente al endurecer las leyes.

Según Bandt, la cuestión no radica en un mayor acceso a las armas sino en entender ‘como alguien con problemas de salud mental que ha sido acusado de ser cómplice de asesinato tuviera acceso a un arma’.