El gobierno de Luis Fortuño recibirá un voto de castigo por parte de los cientos de miles de electores que se sienten discriminados, si no reincorpora al Código Penal los agravantes eliminados por el Senado por razón de ‘orientación sexual, género, identidad de género y origen étnico’.

Así lo aseguraron en una rueda de prensa en las escalinatas del lado sur del Capitolio representantes de diversas organizaciones que defienden los derechos humanos.

José Rodríguez, del Comité de Derechos Humanos de los Dominicanos, criticó enérgicamente el concubinato entre el Senado y los líderes religiosos fundamentalistas.

‘Estamos en contra que se derogue este artículo y queremos decirle a este grupo político neonazi y clasista que en los votos le vamos a decir un no cuando vengan las elecciones, porque nos hemos dado cuenta de que en este cuatrienio hemos sido maltratados más que en otras administraciones, porque han matado ya tres dominicanos en lo que va de este cuatrienio, y son crímenes de odio’, destacó.

‘Le queremos decir a estos fundamentalistas religiosos que predican el odio y no el amor. Que basta ya de estar usando la religión como bastón político y le vamos a decir no siempre a este partido en las próximas elecciones. Le vamos a decir a los 70,000 u 80,000 votos dominicanos que no le den el voto porque son antidominicanos, antiinmigrantes y son homofóbicos’, sostuvo Rodríguez.

Mientras, Isabel Feliciano, presidenta de la Comisión de Diversidad y Derechos Humanos del Colegio de Profesionales del Trabajo Social, se expresó un poco esperanzada en que la Cámara de Representantes no concurra con la eliminación de los referidos agravantes, aunque se mostró inconforme porque no le han dado todavía turnos a los afectados con las enmiendas para deponer en las audiencias públicas.

‘Esta eliminación es una eliminación que está prejuiciada y que discrimina con las poblaciones que siempre y consistentemente en este país son vulneradas y son puestas en peligro. Nosotros no vamos a bajar la guardia, que sepan los legisladores y senadores que si lo pospusieron para enero, en enero vamos a estar aquí presentes para darles un recordatorio’, dijo Feliciano a los periodistas.

Feliciano les hizo un contundente reclamo al gobernador Fortuño y a la Legislatura del PNP.

‘Los derechos y las protecciones ganadas no se pueden eliminar. Nosotros queremos hacer un mejor país y si queremos hacer un mejor país, entendemos que el eliminar los agravantes con respecto a estas poblaciones, lo que quiere decir es que se instituye una violencia social de parte del Estado. Le pedimos a la Legislatura y al Senado que evalúe y que reconsidere su posición con respecto a esta decisión que ha asumido’, afirmó.

En tanto, el activista gay Pedro Julio Serrano, se hizo eco de los reclamos de las comunidades marginadas que son víctimas de una violencia desmedida. El portavoz de la organización Puerto Rico para Todos (as), recordó que en los pasados dos años han sido asesinadas más de 28 personas miembros de la comunidad LGBTT.

‘Nosotros tenemos que proteger a esas comunidades por la violencia institucional que hay, por la violencia en la sociedad que existe, tenemos que recordar que en este año hemos tenido 30 mujeres asesinadas, hemos tenido en dos años más de 28 personas de nuestras comunidades LGBTT que han sido asesinadas también, hemos tenido decenas de ataques brutales en contra de otras personas que han sobrevivido estos ataques’, sostuvo Serrano.

‘Claramente, estos crímenes motivados por prejuicios, es un derecho adquirido desde el 2002, se inscribió en el 2004 en el Código Penal, y se tienen que mantener estas protecciones. Esto es claro, hacer lo contrario, sería un atentado en contra de estas comunidades y darle una licencia para que estos crímenes sean impunes y nosotros no lo vamos a permitir’, puntualizó.

Una de esas víctimas es la transexual Francheska González, quien fue víctima de una brutal paliza que la llevó al hospital, y pidió a todos los miembros de la comunidad gay que castiguen con su voto al presente gobierno.

‘Yo soy una sobreviviente y yo temo por mi vida porque a la persona que me causó todo esto le dieron seis años de probatoria. Yo todavía temo por mi vida porque él vive cerca de la casa mía y yo sigo recibiendo mensajes homofóbicos y transfóbicos a mi celular. Como víctima que fui hace siete meses de un crimen de odio, yo le pido a toda la comunidad que se le dé un voto de castigo a este gobierno’, dijo González.

Amárilis Pagán, del Proyecto Matria, llamó la atención sobre lo dañino que es el Código Penal para las mujeres.

‘La versión del Código Penal aprobada en el Senado atenta contra los derechos humanos de grupos vulnerables en nuestra sociedad. Es, además, un intento de tergiversar la realidad jurídica de temas como el aborto. Puerto Rico merece un Código que atienda los derechos de todos y todas tomando en cuenta el estado de desigualdad que sufren las mujeres, las personas de la comunidad LGBTT y las personas dominicanas, entre otras’, indicó.

‘No estamos para juicios moralistas de raíz fundamentalista. Estamos en tiempos en los que la equidad debe ser el norte de nuestras acciones. Las mujeres estamos listas para reclamar nuestros derechos y estaremos pendientes de sus decisiones’, sentenció Pagán.