Solo 10 de los 41 municipios con alcaldes populares figuran entre los beneficiarios, frente a 18 de los 37 con alcaldes penepés.
Jorge González, alcalde de Jayuya/Facebook.
La Asociación de Alcaldes de Puerto Rico solicitó a la gobernadora Jenniffer González Colón que no firme la Resolución Conjunta de la Cámara 432, que distribuye $7,325,345.66 de los ingresos de las máquinas de juegos de azar y que, según la organización, favorece de forma desproporcionada a municipios administrados por alcaldes federados frente a los de alcaldes asociados.
En una carta fechada el 18 de noviembre, el presidente de la entidad, Jorge L. González Otero, indicó que el informe del Comité de Conferencia fue aprobado por la Cámara de Representantes y el Senado el 17 de noviembre. Solo 28 municipios reciben fondos en la medida y 50 quedan excluidos.
De los $6,553,400.90 destinados directamente a municipios, $5,690,673.82 (86.84 %) irían a 18 municipios con alcaldes penepés, y $862,727.08 (13.16%) se repartirían entre 10 municipios asociados. Según la Asociación, eso equivale a unos $6.60 para municipios federados por cada dólar asignado a los asociados. Solo 10 de los 41 municipios asociados figuran entre los beneficiarios, frente a 18 de los 37 federados.
Los 41 municipios asociados concentran el 52.63 % de la población del país, según estimados del Negociado del Censo (1,676,300 de 3,184,835 habitantes). Recibirían $0.51 por residente, comparado con $3.77 por residente en los federados.
La carta también cuestiona que las partidas de uso flexible sumen $3,449,945.75 para ocho municipios federados y $212,727.08 para dos asociados, y que trece distritos representativos reciban exactamente $80,000 cada uno sin precisar obra alguna, lo que, a juicio de los alcaldes, indica que parte de los fondos se repartió por distrito y no según las necesidades de los municipios.
Los alcaldes señalaron que la medida se radicó el 12 de noviembre y ese mismo día fue aprobada por ambos cuerpos sin vista pública ni informe de comisión. Entre el texto de la Cámara y el informe de conferencia, la asignación aumentó de $4,113,889.51 a $7,325,345.66, y se añadieron cuatro entidades gubernamentales que no son municipios y que recibirían $771,944.76: la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, la Autoridad de Edificios Públicos, la Autoridad de Tierras y la Oficina para el Mejoramiento de las Escuelas Públicas.
La Sección 29(b) de la Ley de Máquinas de Juegos de Azar destina esos ingresos a los municipios.
La Asociación recordó que el 12 de agosto se aprobaron las Resoluciones Conjuntas 56-2026 y 57-2026, que distribuyeron $9,456,531.79 de los mismos ingresos entre 20 municipios, de los cuales solo tres son asociados y recibieron $350,000 (3.70%).
“Los ciudadanos no pueden ser clasificados entre asociados y federados”, afirma la misiva firmada por González Otero, que aclara que no se pide reducir las asignaciones a los municipios federados ni privilegios para los asociados, sino una distribución bajo parámetros uniformes y verificables. La organización hizo la petición aunque diez de sus municipios figuran entre los beneficiarios.
«Los municipios asociados tienen las mismas obligaciones, enfrentan desafíos igualmente complejos y
representan ciudadanos con los mismos derechos que aquellos administrados por alcaldes federados. Esa
realidad debe prevalecer en cualquier determinación relacionada con la distribución de fondos públicos.
Los fondos públicos no pertenecen a los partidos políticos ni a quienes ocupamos posiciones electivas.
Pertenecen al pueblo de Puerto Rico. Y ningún ciudadano debe tener menos oportunidades de recibir
servicios y mejoras por el municipio en el que reside o por la afiliación política de su alcalde o alcaldesa», insistió.
En la alternativa, solicitaron que la Gobernadora use la facultad del Artículo III, Sección 20, de la Constitución para eliminar o reducir las partidas que no respondan al mandato de apoyar a los municipios. También pidieron que se hagan públicos los criterios de asignación, que Hacienda y la Comisión de Juegos certifiquen el balance disponible, y que se enmiende la Sección 29(b) para establecer un mecanismo aplicable a los 78 municipios que considere las máquinas autorizadas, los recaudos generados y las necesidades de cada uno.
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