El Senado Academico del recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico (UPRRP) comenzó a discutir un reglamento para utilizar cámaras de seguridad adquiridas hace cuatro años mediante un proceso de compra amañado por hallazgos de irregularidades.

La compañía Services and Solutions Corp. (SESCO) recibió un desembolso de $240.9 mil por un servicio de instalación y adiestramiento que nunca ofreció, según el informe de auditoría que el Senado Académico descartó discutir previo a atender un reglamento de uso que ha sido fuertemente objetado por el estudiantado.

SESCO es propiedad de Frankie Habibe, hijo del convicto Tommy Habibe Arias, quien se declaró culpable de defraudar al Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM).

‘No podemos concluir que estos servicios facturados y pagados fueron efectuados’, advierten los auditores dado a que no se instaló el equipo.

La compra del equipo entre 2011 a 2013, cuando la entonces rectora Ana Guadalupe declaró un ‘estado de emergencia’ por el aumento en agresiones sexuales y ordenó tomar medidas expeditas, ha sido señalado por irregularidades en la selección de la compañía así como por comprar equipo obsoleto y sin garantías, pagar a la compañía por un servicio no otorgado y no registrar la propiedad adecuadamente.

Pese al estado de emergencia en que se hizo la orden, las cámaras de seguridad aún no han sido instaladas y los teléfonos de emergencia permanecen inoperantes, lo cual crea suspicacia sobre si tal acción ‘se efectuó para no someter la compra al debido proceso de adquisición’, lee el informe de auditoría presentado en julio de 2015 al rector Carlos Severino. El informe fue encomendado por la rectora interina, Ethel Ríos Orlandi.

Severino confirmó que hubo fallas en el protocolo pero excusó que no se ha logrado la instalación ‘porque hay un tranque’ en cuanto a la aprobación del reglamento para su uso. ‘Si no hay reglamento yo no voy a instalar las cámaras y el dinero hay que devolverlo’, comentó.

La universidad gastó alrededor de $263 mil en un equipo que no ha sido instalado y que cuatro años después se pretende implantar precipitadamente antes que venza el término para rendir cuentas ante el Gobierno Federal por la compra de diez cámaras con un fondo de $40 mil para prevenir la violencia contra la mujer. Este informe debe ser entregado en un mes (el 29 de diciembre), y de no haber instalado las cámaras para esa fecha se podría requerir la devolución de esos fondos. Otras 54 cámaras se adquirieron posteriormente con $240 mil proveniente de fondos institucionales.

Entre los representantes estudiantiles existe la preocupación de que estas cámaras puedan ser utilizadas como herramientas de represión y vigilancia impropia a la comunidad universitaria en detrimento de los derechos civiles, además de cuestionar la efectividad de los mismos para garantizar la seguridad. El Rector admitió que en el recinto no existen crímenes como los que ocurrieron en 2011 cuando se registraron varios intentos de agresiones sexuales a mujeres sino delitos por hurto de vehículos.

‘El Recinto es una comunidad segura, pero sí tenemos hurto de vehículos, y tenemos un patrimonio de un valor incalculable que debe ser protegido con la más estricta supervisión’, contestó.

Severino argumentó, además, que la Universidad ya tiene cámaras de seguridad que guardan la entrada de la tesorería y la cooperativa. ‘Es más peligroso no tener reglamento que tenerlo. El vacío crea la posibilidad de que cualquier autoridad las instale sin consultarle a nadie. Para mí lo peor de todo es no tener reglamento’, defendió.

Las cámaras de seguridad operarán las 24 horas del día los siete días de la semana según dispone el borrador redactado.