El Senado también ordenó una investigación sobre el costo de los subsidios en la factura de energía eléctrica.
(NotiCel/Archivo)
Por falta de un acuerdo en el comité de conferencia que se conformó el lunes, la Reforma de Permisos (el Sustitutivo del Proyecto del Senado 1173 y 1183) no fue aprobada en esta sesión ordinaria y quedó pendiente para la que comienza en enero.
El proyecto de 867 páginas enfrentaba reclamos de distintos grupos para que se abriera a discusión en vistas públicas, lo que no sucedió con el texto del proyecto sustitutivo, aunque sí hubo vistas para los dos proyectos originales. La medida representa una combinación de la propuesta de cambios del Senado y la de la Administración González Colón.
En el último día de la sesión, el Senado aprobó su resolución 657, que ordena investigar cuánto cuestan los subsidios de energía eléctrica que hoy se cobran en la factura de luz y qué parte de los ahorros en contratos del gobierno puede usarse para pagarlos, sin imponer impuestos nuevos.
La Comisión de Innovación, Reforma y Nombramientos tendrá 90 días para rendir un informe con sus hallazgos y el texto de la legislación que recomiende. El propósito es que esos subsidios se paguen con ingresos existentes del Fondo General y dejen de cobrarse a los clientes residenciales y comerciales.
La resolución señala que, según datos de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF), la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) y el Departamento de Hacienda (DH), los contratos públicos se redujeron por $904.2 millones entre los años fiscales 2024 y 2026. Este ahorro, añade, podría producir un alivio estimado de 20% en la tarifa, que no sería recurrente porque los ahorros en los contratos no lo son. La medida aspira a que ningún beneficiario pierda subsidio, por lo que no es una revisión para sugerir la eliminación de subsidios.
También, aprobó su resolución concurrente 25, por petición del presidente del Partido Demócrata de Puerto Rico, Luis Dávila Pernas, para solicitar al Congreso que asuma con carácter prioritario la resolución definitiva del estatus político de la isla, conforme a la voluntad expresada democráticamente por el pueblo puertorriqueño. Asimismo, insta al Congreso a atender con prioridad la igualdad de trato a los ciudadanos americanos residentes en Puerto Rico en los programas de Medicaid, SNAP, SSI y del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano federal (HUD).
El cuerpo aprobó también varios informes de comités de conferencia. Entre ellos, enmiendas al Código de Rentas Internas para aspectos técnicos y para extender el beneficio de no retención en la distribución de cuentas de IRA para que no se limite exclusivamente a la primera residencia principal; cambiar la marca “Del País” a “Cosechas Puertorriqueñas”; ordenar la transmisión por internet de los procesos en las legislaturas municipales; y dos medidas de repartición de dinero ($1 millón para donativos legislativos y $4.1 millones para obras en municipios).
En cuanto a votaciones en las que el Senado concurrió con enmiendas hechas en la Cámara de Representantes a distintos proyectos, se incluyen: establecer como requisito una evaluación médica anual antes de que menores participen en actividades deportivas organizadas, públicas o privadas; la Ley para Incentivar el Uso de Terrenos Agrícolas con el propósito de fomentar el uso eficiente y productivo de terrenos agrícolas mediante incentivos fiscales; aumentar a 12 años la pena impuesta por cometer el delito de maltrato a personas de edad avanzada; y permitir que las personas entre 18 y 20 años puedan entrar en negocios de venta de mercancía, servicios al por menor y a plazos, y los negocios de compañías de financiamiento, como los otorgados para vehículos por entidades que no son bancos.
También, quedó aprobada en ambos cuerpos la Ley para la Aplicación Uniforme del Redondeo en Transacciones en Efectivo, la cual pretende atender el hecho de que el Tesoro federal dejó de producir la moneda de un centavo. De convertirse en ley, la propuesta establecería que las transacciones en efectivo se redondearían hasta el múltiplo de cinco centavos más cercano. Específicamente, hacia abajo si el total termina en uno, dos, seis o siete centavos, y hacia arriba si el total termina en tres, cuatro, ocho o nueve centavos.
El Alto Cuerpo avaló también su resolución 633, para estudiar la viabilidad de un portal centralizado de propiedades declaradas estorbos públicos en municipios.
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