La AMA reconoció la deuda contributiva y las retenciones no remitidas y atribuyó parte de los incumplimientos a restricciones presupuestarias y problemas de flujo de efectivo.

El presidente de la Autoridad Metropolitana de Autobuses, Luis González Rosario, admitió los hallazgos informados en una auditoría de la Oficina del Inspector General y achacó las irregularidades a pasadas administraciones.

“La Autoridad Metropolitana de Autobuses (AMA) reconoce los hallazgos señalados por la Oficina del Inspector General, relacionados con obligaciones contributivas correspondientes a periodos anteriores a la actual administración”, dijo González Rosario.

“Nuestra administración está comprometida con atender responsablemente estos asuntos mediante un plan de acciones correctivas que contempla gestiones para cumplir con las obligaciones pendientes, fortalecer los controles internos y establecer mecanismos que garanticen el cumplimiento de las disposiciones contributivas estatales y federales. Reiteramos nuestro compromiso con la transparencia, la responsabilidad fiscal y la sana administración de los recursos públicos”, agregó en declaraciones escritas.

La Oficina del Inspector General (OIG) informó el lunes que la Autoridad Metropolitana de Autobuses (AMA) mantiene una deuda contributiva certificada de 33.2 millones de dólares con el Departamento de Hacienda y dejó de remitir otros 3.3 millones de dólares retenidos de los salarios de sus empleados durante los años 2022, 2023 y 2024.

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Según el informe, la deuda certificada por Hacienda al 16 de septiembre de 2025 corresponde principalmente a obligaciones acumuladas entre 2008 y 2021. El balance incluye 18.4 millones de dólares de principal, 8.5 millones de dólares en intereses, 1.5 millones de dólares en recargos y 4.9 millones de dólares en penalidades.

Sobre las obligaciones ante el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos, la evaluación encontró que la AMA tampoco presentó los informes trimestrales de salarios correspondientes a ninguno de los trimestres de 2022, 2023 y 2024. Aunque la Autoridad utiliza el método de reembolso para el seguro por desempleo, continúa obligada a presentar esos informes.

En su respuesta del 21 de septiembre, la AMA reconoció la deuda contributiva y las retenciones no remitidas y atribuyó parte de los incumplimientos a restricciones presupuestarias y problemas de flujo de efectivo.

De acuerdo con la corporación pública, Hacienda le adeuda 102.3 millones de dólares relacionados con los arbitrios de cigarrillos, cantidad que procurará tomar en consideración al negociar un acuerdo de pago.

Como medidas correctivas, la AMA informó que gestionará la condonación de intereses, recargos y penalidades, procurará un acuerdo formal con Hacienda e implantará controles para realizar los depósitos contributivos dentro de los términos correspondientes.

Al concluir la evaluación, sin embargo, la OIG señaló que no había recibido evidencia de un acuerdo formal de pago con Hacienda ni de la implantación de los controles anunciados, por lo que mantuvo el hallazgo.

También se informó que la corporación designó un enlace en su Departamento de Finanzas para atender las obligaciones federales y que establecerá una reserva anticipada de fondos para cumplir con los depósitos al IRS.

Entre las recomendaciones, la OIG requirió establecer un plan de pago con Hacienda, implantar un calendario para las obligaciones federales, presentar las planillas pendientes relacionadas con servicios prestados y radicar ante el Departamento del Trabajo las declaraciones trimestrales que quedaron pendientes.