La Junta de Control Fiscal objetó que la Oficina de Administración de Tribunales renovara sin subasta un contrato de alquiler.

La Junta de Control Fiscal (JCF) aprobó, con señalamientos, el contrato que le sometió la Oficina de Administración de Tribunales (OAT) para la renovación del alquiler de la sede del Tribunal de Familia en Bayamón por cinco años y con valor de $17.9 millones.

La administración del Poder Judicial mantiene ese contrato con Vicar Builder’s Developers, Inc. desde hace 10 años. En ese periodo el valor del negocio para el casero ha sido de $33 millones. Para el 2031, cuando venza la extensión actual de cinco años, el valor alcanzará $51 millones en 15 años sin subasta.

La propiedad comprende un edificio de cinco pisos y 130,539 pies cuadrados a $26 por pie cuadrado y un estacionamiento de 324 espacios y 103,385 pies cuadrados a $52 el pie cuadrado. La JCF hizo su propio análisis del mercado de bienes raíces en Bayamón y concluyó que $24 el pie cuadrado es la tarifa razonable, por lo que pidió a la OAT que renegociara con su casero en una carta que le dirigieron el 5 de octubre pasado.

En una reacción que emitió a solicitud de NotiCel, la OAT confirmó que su Reglamento de Subastas Formales dice que ese mecanismo de adjudicación se usa para contratos de arrendamiento mayores a cinco años. Por tanto, la vigencia de cinco años de la extensión del contrato con Vicar es exactamente la vigencia que evade la obligación de una subasta.

El otorgamiento de esta extensión de contrato con Vicar para la Sala de Relaciones de Familia y Asuntos de Menores de la Región Judicial de Bayamón “responde a la necesidad de prestar los servicios judiciales en una estructura habilitada para esa función”, añadieron. No precisaron si ocurrió la renegociación de la tarifa a $24, como señaló la Junta.

En los contratos, Vicar está representada por su presidente, Carlos R. González Morales. La empresa también es la casera del Departamento de Justicia para su sede en Río Piedras.

Este no es el primer señalamiento sobre la forma en que la OAT maneja los alquileres o construcciones de los edificios que albergan tribunales.

En 2011, el licitador Maranello, Inc. impugnó la subasta con la que la OAT adjudicó la construcción del tribunal de Aibonito indicando que la propuesta aceptada fue 42% ($66 millones) más cara de lo estimado y que incumplía con los requisitos de la propia OAT.

En 2015, el entonces juez federal, José Antonio Fusté Pérez, decretó nulo un contrato que la OAT firmó para la construcción y alquiler de dos edificios, uno sería la sede del Tribunal de Apelaciones y otro el de la propia OAT. El caso reveló la forma cuestionable en que la OAT llegó a pactar con el contratista y cómo, en un acto refrendado por su oficina legal, la agencia lo otorgó sin hacer subasta partiendo de la premisa de que sería un alquiler de 10 años cuando, en realidad, la intención de todas las partes era de que que llegara hasta los 30 años mediante renovaciones.

También, en 2019 la Oficina del Contralor emitió una auditoría en la que recomendaba renegociar los términos del alquiler de la sede de Tribunal de la Región Judicial de Caguas porque el contratista Ramhil Developers acabaría recibiendo $582.9 millones en 30 años, lo que implica que recupera su inversión en 10 años y el resto es ganancia. La decisión de la OAT de construir ese edificio representó un aumento en gastos en la región de Caguas de $747,399 anuales a $17.6 millones anuales, dijo la Contraloría.

Durante el cuatrienio pasado, el expresidente cameral Rafael Hernández Montañez intentó introducir, sin éxito, un proyecto que le hubiera concedido exención contributiva a las empresas que construyeron edificios para la OAT.

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