Según el Ejecutivo, la AEE no adeuda a LUMA las cantidades que componen cerca del 70% del cálculo y los problemas de liquidez del sistema no pueden atribuirse a una eventual transición.

El Gobierno de Puerto Rico rechazó el martes el cálculo de $1,300 millones que LUMA Energy presentó ante el Tribunal Supremo como consecuencia de anular la extensión de su contrato y sostuvo que cerca del 70% de esa cantidad corresponde a balances operacionales, cuentas por pagar y otras obligaciones que no serían provocadas por un cambio de operador.

“Esta administración está defendiendo al pueblo de Puerto Rico de una empresa que mantiene al pueblo con un servicio esencial deficiente, por eso no vamos a quedarnos de brazos cruzados, nuestra gente paga por un servicio y tienen derecho a recibirlo con confiabilidad y eficiencia. Ante los incumplimientos de LUMA, nuestra administración seguirá utilizando todas las herramientas a su alcance para exigir resultados, fiscalizar con firmeza y defender los intereses de nuestra gente por encima de cualquier contrato o compañía”, dijo el zar de Energía, Josué Colón Ortiz, en declaraciones escritas.

La respuesta del Gobierno, la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas (AAPP) y la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) ocurre luego de que LUMA alegara el lunes que invalidar la llamada Carta-Extensión provocaría aproximadamente 1,300 millones de dólares en costos y obligaciones, de los cuales estimó que al menos 726 millones serían inevitables.

Según el Ejecutivo, la AEE no adeuda a LUMA las cantidades que componen cerca del 70% del cálculo y los problemas de liquidez del sistema no pueden atribuirse a una eventual transición.

Colon Ortiz planteó que el contrato vigente responsabiliza a LUMA de preparar y administrar los presupuestos operacionales, facturar y cobrar, gestionar reembolsos de fondos federales y controlar los gastos de operación, además de administrar los ingresos y atender pérdidas vinculadas, entre otros factores, al hurto de energía.

El Gobierno sostuvo que esas obligaciones existen independientemente de si se sustituye al operador y cuestionó que LUMA las presente ahora como parte del costo que tendría terminar su participación en el sistema eléctrico.

LUMA había incluido entre sus cálculos un cargo contractual de terminación, los costos de una transición de salida y entrada de otro operador, dinero que la AEE tendría que mantener disponible para gastos operacionales y cuentas pendientes con suplidores.

La empresa también advirtió al Supremo sobre posibles consecuencias para los fondos federales de reconstrucción y sostuvo que el Gobierno no había presentado un plan concreto para sustituirla.

El Ejecutivo rechazó que esas proyecciones económicas cambien la controversia que el Tribunal Supremo tiene ante su consideración: si la extensión acordada en noviembre de 2022 fue autorizada conforme a las leyes y requisitos regulatorios aplicables.

La posición del Gobierno, la AAPP y la AEE es que la Carta-Extensión modificó materialmente el acuerdo previamente aprobado al eliminar una fecha cierta para terminar el periodo interino y que esos cambios requerían cumplir nuevamente con requisitos legales y regulatorios.

LUMA sostiene lo contrario y argumenta que la extensión estaba contemplada desde el contrato suplementario original y no constituyó una nueva contratación ni una modificación que requiriera repetir el proceso de aprobación.

Como parte de su contestación, el Gobierno también rechazó el argumento de que mantener a LUMA representa necesariamente la alternativa de mayor estabilidad para la red y utilizó el desempeño de la empresa desde 2021 para cuestionar ese planteamiento.

Mencionó entre los eventos ocurridos durante ese periodo la avería de Monacillo de junio de 2021, el apagón general de abril de 2022, las interrupciones generales de diciembre de 2024 y abril de 2025 y varias averías registradas durante 2026 en los sistemas de transmisión de Costa Sur y Sabana Llana.

Según el Gobierno, LUMA no ha establecido de manera concluyente las causas de varias de esas fallas ni corregido permanentemente las condiciones que provocan eventos recurrentes en instalaciones críticas.

El Ejecutivo aseguró que existen mecanismos contractuales, legales y judiciales para mantener la operación de la red mientras se realiza una transición hacia otro operador privado si el Supremo determina que la Carta-Extensión es nula.

La administración sostuvo que buscaría una empresa privada con experiencia y recursos técnicos, financieros y humanos para asumir la operación, mantenimiento y reconstrucción de la red, aunque la selección de un sustituto dependería de lo que finalmente resuelva el Tribunal Supremo.