Comisión anticipa que la medida será enmendada.

El Proyecto de la Cámara 1079 con el que el presidente de ese cuerpo, Carlos Méndez Núñez, pretende cambiar la “Ley para la Protección y Conservación de la Fisiografía Cársica”, sería sometida a enmiendas tras recibir objeciones tanto de constructores como de grupos ambientales y comunitarios.

Así lo adelantó en vista pública el lunes la representante Elinette González Aguayo, presidenta de la Comisión de Recursos Naturales, tras las múltiples ponencias recibidas. Añadió que habrá otra vista pública en la que deberán comparecer el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe) y el Departamento de Justicia.

Con la medida, se pretende «modernizar (la ley) para dejar claro que su intención no es, nunca ha sido, y nunca será el menoscabo del derecho constitucional al disfrute de la propiedad privada que garantizan las constituciones de Puerto Rico y Estados Unidos para todos los propietarios en nuestro archipiélago».

La Asociación de Constructores de Puerto Rico (ACPR) indicó que las enmiendas propuestas para modificar las protecciones a la zona del carso carecen de criterios técnicos que, entre otras preocupaciones, podrían damnificar la recarga de acuíferos y el hábitat de especies protegidas.

“La Asociación sí respalda proteger al propietario, cuya finca no tiene rasgos cársicos, mediante un procedimiento individual y con evidencia. No respalda una declaración general que no obliga a nadie, y no respalda una redacción que abra la puerta a ampliar vertederos en terrenos cársicos”, declaró el directivo de la ACPR, Patricio Martínez.

“Que una finca no tenga cuevas ni sumideros visibles no significa que su desarrollo no pueda afectar acuíferos. En el carso, el agua se filtra por una red de conductos de pocos centímetros que no se ve desde la superficie y que puede trasladar contaminantes directamente al agua subterránea”, añadió.

La Sociedad Espeleológica Unida del Sur aseveró que trastocar las zonas del carso será una “amenaza directa” a la capacidad de suplir abastos de agua, especialmente a la zona metropolitana. La organización también se opuso a transferir el poder regulatorio del DRNA a la Junta de Planificación al opinar que este cambio podría traer como consecuencia alteraciones a las delimitaciones actuales de la zona del carso, posibles impactos por reducción de áreas protegidas, así como imponer criterios de desarrollo y planificación sobre los datos ecológicos.

A su vez, el Museo de Historia Natural y Conservación de Puerto Rico propuso evaluar alternativas de desarrollo que no comprometan el carso. Entre ellas, la presidenta Maribel Ramírez detalló crear rutas geológicas para promover el turismo de naturaleza; incentivos para construcción en zonas ya impactadas; y la economía de resiliencia.

Igualmente, la organización Hispanic Federation resaltó en su ponencia escrita que la legislación otorgaría una protección absoluta del derecho a la propiedad de algunos los ciudadanos sobre el interés público de salvaguardar sus recursos naturales.

Por otro lado, propietarios de terrenos ubicados en la zona cársica de Vega Baja narraron en la audiencia pública las situaciones burocráticas que han experimentado para gestionar los Permisos Únicos y poder realizar actividades en su propiedad privada.

De otra parte, la ciudadana Angélica Olavarría planteó las dificultades con el proceso actual. En su caso, la instalación de una carpa removible que no conlleva excavaciones ni alteraciones permanentes a la corteza terrestre. Los examinadores, aseguró, se han “aferrado ciegamente” a reglamentos internos pese a que la Ley 292 exime de autorizaciones previas para este tipo de utilidad.

“Como consecuencia directa, me he visto obligada a incurrir en gastos económicos sustanciales y onerosos para la contratación de agrimensores y consultores, un requisito desproporcionado e innecesario para colocar una carpa removible”, manifestó.

“Este caso demuestra cómo la burocracia de las agencias penaliza la legalidad del ciudadano común que busca cumplir con los reglamentos, mientras desenfoca los recursos del Estado de las verdaderas agresiones ambientales”, abundó.