La Junta tiene un largo historial de conflicto.

Esta semana el licenciado Osvaldo Carlo, en representación de la Oficina de Contratación de Terceros (3PPO) emitió una carta dirigida a Robert F. Mujica, Jr., Director Ejecutivo de la Junta de Supervisión Financiera para Puerto Rico (“Junta”), en la que responde a las declaraciones públicas de Mujica sobre la contratación de generación temporal con Power Expectations, LLC y supuestos conflictos de interés relacionados con las empresas Enchanted Rock (Erock) y New Fortress Energy (NFE).

En la misiva, la 3PPO defiende que siempre proporcionó información completa y respondió a todas las solicitudes recibidas durante el proceso de licitación, negando que haya habido omisiones o falta de cooperación con la JSAF.

Los planteamientos del licenciado Carlo se suman a otras quejas de potenciales conflictos de interes que por años han afectado la credibilidad en la Junta. Carlo fue enfático al aclararle a Mujica que, “en su declaración pública, usted afirmó que repetidamente proporcionamos respuestas parciales que omitían información relevante y que, en lugar de brindar claridad, yo cuestioné la autoridad de la Junta de Supervisión. Esa caracterización es falsa”.

La carta señala también que un bufete de abogados, que representa tanto a Erock como a NFE y también ejerce como cabildero registrado para NFE, ha generado preocupaciones de conflicto de intereses, ya que ese mismo bufete presta servicios legales a la JSAF. Se cuestiona en particular la intervención del abogado Javier Vázquez Morales, quien es parte de este bufete y que realizó comunicaciones en favor de Erock, lo que plantea dudas sobre la integridad y la imparcialidad en el manejo del proceso, dado que la JSAF podría estar favoreciendo a entidades representadas por su propio asesor legal.

Actualmente, el Departamento de Justicia investiga las acciones de Vázquez Morales luego de recibir una declaración jurada donde se le imputan múltiples violaciones de ley y conflicto de interés. Este asunto se enmarca en un contexto complejo donde se han señalado posibles conflictos entre la función de supervisión financiera de la Junta y las actividades de cabildeo y representación legal en Puerto Rico, especialmente en sectores críticos como la generación eléctrica temporal.

La 3PPO hizo énfasis en que la JSAF aprobó el acuerdo contractual con Power Expectations sujeto a ciertas condiciones, y que dichas condiciones se cumplieron para proceder con la ejecución del contrato. Carlo solicitó transparencia respecto a cualquier información relevante que supuestamente no se haya proporcionado, y también cuestionó la demora de la Junta de 10 meses en aprobar el contrato de «emergencia» sin haber planteado problemas concretos con la cooperación de la 3PPO.

La discusión pública continúa, y la carta de la 3PPO destaca la disposición a colaborar con la JSAF mientras se aclarar cualquier malentendido, aunque también manifiesta desconfianza hacia las intenciones de la JSAF debido a la falta de comunicación directa en el pasado sobre las supuestas irregularidades.

El conflicto de Interés en la Junta y Cabildeo no es nuevo
Debido a los históricos conflictos de interés en la Junta, en el año 2021 se aprobó a nivel federal la ley “Puerto Rico Recovery Accuracy in Disclosures Act of 2021” (PRRADA). Esta ley facilita que fuera impugnada la participación en el proceso de quiebras de entidades que tenían algún conflicto de intereses. En aquel momento los primeros cuestionamientos fueron el bufete O’Neill & Borges y los consultores McKinsey & Co. quienes alegadamente asesoraban clientes que a la vez eran acreedores en el caso de quiebras o tenían contratos públicos que la Junta aprobaba, lo que creaba un claro conflicto de interés.

Mediante la regla 2014(a) de PRRADA se impuso un mecanismo mediante el cual las firmas que reciben compensación por parte de la Junta tienen la obligación de divulgar cualquier conflicto de intereses. La regla ordena a que la Oficina del Síndico de Quiebras del Departamento de Justicia federal revise esas divulgaciones y confirme que los contratistas de la Junta no es una “parte desinteresada” en el tema que atiende.

En febrero de este año, se hicieron señalamientos públicos sobre la participación del sobrino del cabildero Marcos Rodríguez Emma, José R. Pérez-Riera, quien funge como Coordinador de crecimiento económico y revitalización para la JCF, y cuya función al amparo de la Ley federal Promesa es identificar proyectos críticos bajo el Título V para el desarrollo económico en la Isla.

Rodríguez Emma es una figura principal de la firma McConnell & Valdés, entidad que fue señalada por Carlo, como una de las entidades que representaban a participantes de la subasta de energía temporera. McConnell & Valdés mantienen una amplia lista de clientes con temas relacionados a los que precisamente atiende Pérez Riera.

En el momento de los señalamientos, Noticel pudo revisar los informes sobre conflictos de interés radicados por Pérez Riera, pero ninguno detalla sus vínculos familiares o si ha atendido peticiones de oficiales de Rodríguez Emma. Sobre este particular la Junta, Mujica, Pérez-Riera y la oficial de prensa Sylvette Santiago han mantenido un hermetismo particular y se han negado a ofrecer declaraciones concretas. A principios de este año Noticel solicitó copia de las cartas donde Pérez-Riera se haya inhibido de atender algún tema y las peticiones realizadas a su persona por parte de familiares y amigos, pero dicha información no fue provista.

Los Conflictos creados entre la función de cabildeo o la representación Legal
Tomado en cuenta que un cabildero es una persona o entidad jurídica que actúa como representante de otro para influir en las decisiones de los funcionarios públicos, con el fin de promover o defender los intereses de un grupo, empresa u organización. Su trabajo consiste en gestionar que se tomen decisiones, se aprueben leyes, regulaciones o contratos que favorezcan a sus clientes o representados. Por tanto, la representación legal, en nada tiene que ver con la función de cabildeo.

En el contexto de la controversia de energía temporera, y los señalamientos que se han hecho públicamente, resulta indispensable que se divulgue que personas si alguna, en representación de alguno de los proponentes, se han reunido con Josué Colon, Mary Zapata, oficiales de la Autoridad de Energía Eléctrica o la Autoridad de Alianzas Publico-Privadas, oficiales de la Junta de Control Fiscal, legisladores o algún funcionarios del gobierno federal. Esa es la información solicitada por Noticel y que ninguna entidad ha compartido.

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