La delegación del Partido Popular Democrático (PPD) en el Senado resaltó los resultados de una investigación del cuerpo sobe las condiciones de los asistentes de los estudiantes de educación especial, llamados T1 y T2.

El informe final de la investigación promovida por la popular Ada Álvarez Conde fue aprobado por el cuerpo el jueves pasado y la delegación la expuso en conferencia el lunes.

Según estadísticas que sometió el Departamento de Educación (DE), el 30% de los estudiantes de educación especial no tenía un asistente asignado, aunque la agencia advirtió que no necesariamente implicaba que el estudiante no estuviera recibiendo el servicio. Hasta agosto de 2026, eran 11,697 estudiantes elegibles para servicios de asistente y 8,289 tenían documentada la asignación de un asistente.

El informe explica que el asistente T1 ofrece apoyo dirigido a facilitar el acceso del estudiante aI currículo, su participación en la comunidad escolar y su desarrollo funcional y académico. Por su parte, el asistente T2 interviene cuando el servicio requiere competencias específicas, entre ellas la asistencia en comunicación mediante lenguaje de señas u otras destrezas especializadas.

Pero uno de estos asistentes, Jean P. Martínez Rodríguez, advirtió a la comisión que las tareas reales de ese grupo de personas no se limita al aspecto de asistir físicamente al estudiante sino a ayudarlo a su integración educativa, lo que incluye tareas docentes como el seguimiento de instrucciones y la participación del estudiante en las actividades del salón.

A pesar de que son cruciales para que los estudiantes de educación especial puedan ejercer su derecho constitucional a la educación, apenas desde el año pasado reciben compensación de $11 por hora (50 centavos más que el salario mínimo), señaló el Sindicato Puertorriqueño de Trabajadres. El rango de salario mensual es entre $953.33 y $1,787.50. El sindicato añadió que la mayoría no tiene plaza, ni los beneficios que esto implica. La estadística más reciente es 2,191 con puestos permanentes y 4,397 mediante contrato.

“Esto provoca que cada cierto tiempo, el DE tenga que reactivar el proceso de contratación gubernamental, con las implicaciones que eso conlleva, el papeleo que hay que re-someter, y mientras eso ocurre, son nuestros niños, esta población tan vulnerable la que carece de servicios de educación especial. Son 4,397 profesionales que no tienen certeza de que van a seguir en su puesto al próximo año escolar, a pesar de la necesidad constante que hay”, señaló el senador Josian Santiago.

Martínez Rodríguez enfatizó que hay exigencias físicas, emocionales y profesionales asociadas al puesto que deben ser corsideradas junto con las condiciones laborales existentes a la hora de legislar para mejorar las posibilidades de contratación y retención de este personal.

“Es importante que tengamos claro que el derecho de los estudiantes con discapacidades a recibir los servicios y apoyos necesarios para participar adecuadamente de su proceso educativo nace precisamente por disposición federal, bajo ‘Individuals with Disabilities Education Act’ (Ley IDEA)”, observó Álvarez Conde.

El portavoz de la delegación Luis Hernández Ortiz, recordó que el presupuesto de Educación asciende a $4,600 millones y que es “insólito que a pesar de contar con un presupuesto tan alto, hoy los estudiantes de Educación Especial carezcan de ese servicio”. A la vez, subrayó que el propio informe consigna la falta de información suficientemente detallada sobre aspectos de este servicio, como frecuencia de las convocatorias, cantidad de candidatos, plazas vacantes, tiempo promedio para cubrirlas, requisitos que dificultan el reclutamiento o diferencias en las necesidades de contratación entre regiones educativas.