El Proyecto de la Cámara 942 ordenaba revisar y actualizar periódicamente los subsidios de transportación para estudiantes participantes de Rehabilitación Vocacional.

La gobernadora Jenniffer González Colón convirtió siete medidas en ley, una de ellas incluye veto de línea, y vetó otras 10 medidas.

Entre las medidas vetadas figura el Proyecto de la Cámara 9, que buscaba ampliar el derecho del Gobierno a recobrar gastos médicos pagados por ASES cuando un tercero fuera responsable de los daños sufridos por un beneficiario. También requería notificar a la Administración sobre demandas por daños.

El Proyecto de la Cámara 238 proponía que los gimnasios al aire libre financiados con fondos públicos garantizaran acceso a las personas con impedimentos, mientras que el Proyecto de la Cámara 942 ordenaba revisar y actualizar periódicamente los subsidios de transportación para estudiantes participantes de Rehabilitación Vocacional.

Asimismo, la gobernadora vetó el Proyecto de la Cámara 1004, que obligaba a las empresas que administran el sistema eléctrico a establecer un sistema de procesamiento de querellas que evitara el cierre injustificado de reclamaciones sin resolución efectiva.

El Proyecto de la Cámara 1062 declaraba al Hospital del Niño Patrimonio del Pueblo Puertorriqueño. Por su parte, el Proyecto de la Cámara 1246 integraba a los municipios al marco de gobernanza tecnológica de PRITS.

También quedaron vetados el Proyecto de la Cámara 1261, que creaba un Fondo de Reserva para la Estabilización Presupuestaria, y el Proyecto de la Cámara 1262, que establecía un Fondo de Proyectos de Capital Público bajo la Oficina de Gerencia y Presupuesto.

A estos se suman la Resolución Conjunta de la Cámara 153, que ordenaba evaluar el traspaso al Municipio de Loíza de la antigua Escuela Elemental Emiliano Figueroa, en Piñones, y la Resolución Conjunta de la Cámara 162, que disponía un plan prioritario de obras y mejoras para carreteras estatales de Río Grande.

En cuanto al veto de línea, González Colón eliminó una partida de 120 mil dólares para la Federación de Alcaldes incluida en la Resolución Conjunta 58-2026, originada en la Resolución Conjunta de la Cámara 372. La gobernadora argumentó que la cantidad era desproporcionada frente a la ausencia de fondos para la Asociación de Alcaldes y las asignaciones menores otorgadas a organizaciones de servicios sociales. Tras el veto, la resolución mantiene una asignación total de 19.88 millones de dólares.