Y los representantes independentistas quieren conocer qué ha hecho el gobierno. En una resolución investigativa se refieren al «incumplimiento» del gobierno con la Ley 91-2024.
Archivo/Juan R. Costa
Mientras miles de puertorriqueños sufren los embates del racionamiento de agua, se desconoce el cumplimiento por parte del gobierno de una ley del 2024 que mandataba a las dependencias gubernamentales recolectar agua de lluvia.
La Ley 91-2024 salió de un proyecto de ley de la senadora Elizabeth Rosa y fue endosado por los también exsenadores Ana Irma Rivera Lassén y Rafael Bernabe. Ahora los representantes Denis Márquez, Adriana Gutiérrez y Nellie Lebrón Robles han radicado una resolución para que la Cámara investigue qué pasó con la implementación del estatuto.
La pesquisa estaría en manos de la Comisión de Gobierno.
La Ley 91-2024 indica que será política pública “promover la cosecha de lluvia” para fomentar la disminución del consumo de agua. No obstante, se reconoce en la ley firmada por el exgobernador Pedro Pierluisi que esa agua no es recomendable para consumo humano o animal, higiene personal, limpieza de ropa y el hogar «salvo que medie una evaluación del Departamento de Salud que asegure que el agua es segura para esos fines, en aquellos casos en los cuales se cuente con un método o sistema apropiado».
Típicamente se puede utilizar para riego de plantas y zonas agrícolas, lavado de autos, limpieza de áreas externas de edificios, llenado de fuentes y estanques, descarga de baños y limpieza de suelos.
La ley ordena a la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), los departamentos de Recursos Naturales y Ambientales y Agricultura, la Oficina de Gerencia de Permisos , hacer las gestiones y trámite para que “todas las agencias” cumplan con la política pública de recolectar agua de lluvia. Igualmente le orden a otras instrumentalidades crear una campaña educativa sobre el asunto.
La ley también permitía acuerdos colaborativos entre el gobierno y el Servicio Geológico de Estados Unidos, la Sociedad Americana de Ingenieros Civiles, el Cuero de Ingenieros y el Colegio de Ingenieros y Agrimensores.
Incluso, el la AAA y otras dependencias tenían que presentar un informe de progreso al año de firmada de la ley.
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