La empresa Longo En Tech de Puerto Rico, LLC, uno de los principles contratistas gubernamentales para infraestructura, llevó al foro federal la pugna que mantiene desde el año pasado contra la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) por fallas en la adjudicación de contratos para atender seis proyectos financiados con fondos federales y sujetos a la supervisión de ese tribunal.

Los trabajos surgen del acuerdo al que la AAA llegó con la Agencia Federal de Protección Ambiental (EPA en inglés) en 2006 para liberar plantas que sirven a Ponce, Carolina y Loíza, Mayagüez,

Isabela/Aguadilla/Aguada/Rincón, Vega Baja, y Caguas. En estas plantas se habían detectado violaciones que activaron la supervisión de la agencia federal y la supervisión del Tribunal de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico.

Según los documentos, tanto en el tribunal local como en el federal, la AAA delegó sus funciones gerenciales para los trabajos en estas plantas al consultor Arcadis Caribe, PSC, una filial de una empresa holandesa que ha acumulado contratos en la AAA con valor de $159.8 millones desde 2016 por gerencia, consultoría, ingeniería, finanzas y asuntos ambientales. El consultor aparece como cliente de la firma de cabilderos The RCL Group LLC, de Raúl Candelario López, quien es hermano del juez asociado con el mismo nombre.

Arcadis, por ejemplo, fue la fuente de datos que usó el ingeniero Carlos Pesquera Morales el año pasado cuando sometió su Plan de Estabilización y Resiliencia para el Suministro de Agua Potable en la región Metro. En este caso, Longo los demandó como manejadores del Programa de Mejoras Capitales de la AAA.

Para las obras, eso implicó encargarse del proceso de licitación, redacción de requerimientos, evaluación de propuestas y otros entre 2021 y 2023. Según Longo, en esa instancia Arcadis escondió información sobre el estado real de lo que se tenía que reparar. Cuando la empresa comenzó a trabajar la obra bajo el contrato pactado, se encontraron con particularidades que estaban obligados a atender, que afectaban los costos y que les implicaba asumir más riesgo de lo que les hicieron creer en la licitación.

La AAA no contestó requerimientos de información, lo que obligó al contratista a recurrir a la Ley de Transparencia para forzar la entrega de información y así comenzar a conocer la extensión real de las reparaciones y trabajos que tendrían que realizar. Incluso, les negaron acceso a los acuerdos en el tribunal federal que gobiernan la extensión de las obras.

Uno de los documentos a los que Longo accedió es un informe sometido para obtener dinero de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA en inglés) en las que se revelan más problemas con las plantas que lo que se describía en los documentos de subasta para los contratistas. “Las Codemandadas (AAA y Arcadis) revelaron la verdad únicamente al ente federal que financia el Proyecto, pero ocultaron dicha información al contratista responsable de ejecutarlo”, dijeron.

Longo acusó también que Arcadis puso los proyectos en manos de personas que no tenían la pericia necesaria. Resaltó que el contrato con Arcadis contiene un incentivo perverso en la medida en que la corporación pública puede quitarle dinero por problemas que detecte en su ejecución, por lo que el consultor no está motivado a corregir sus errores, sino a encubrirlos o a desplazar el riesgo a contratistas como Longo.

La AAA le canceló los contratos a Longo, lo que provocó una reclamación federal el 29 de julio pasado para revertir la cancelación y que se le permita continuar y que la corporación pública asuma los costos por sus fallas en la licitación.

“La suscripción del Contrato bajo premisas falsas y documentos viciados constituye un acto de fraude en la contratación y negligencia grave, imputable solidariamente a la Autoridad y Arcadis”, dijo el contratista en una demanda local.

En el Tribunal de Primera Instancia, ya la AAA y Arcadis han contestado a Longo negando sus imputaciones y sometiéndoles una reconvención (o contrademanda).

Arcadis sostuvo que no es quien debe responder al contratista, porque la AAA es la entidad responsable y que toma las decisiones finales. Añadieron que Longo era responsable de hacer su propia evaluación en el terreno de las plantas objeto de las reparaciones. “Los supuestos daños reclamados por (Longo) no guardan relación causal con ninguna actuación de Arcadis, sino por la propia falta de diligencia (de Longo), los retrasos causados por ello y sus demoras autoinfligidas al insistir en ejecutar la obra de rehabilitación sin cumplir con el requisito de realizar la evaluación interna de tuberías y registros, requisito esencial para obtener la información necesaria para la planificación y ejecución de los trabajos”, afirmaron.

La AAA, por su parte, alegó que los documentos de subastas contenían todo lo necesario para que los licitantes conocieran el estado de las plantas y que “los demás parámetros de diseño incluidos en los documentos de subasta para el Proyecto constituyen parámetros mínimos a considerar”.

Imputaron también que fue Longo el que “determinó de forma unilateral remover por completo su personal y equipo del proyecto para llevarlo a otro proyecto activo con la AAA, el cual carecía de los recursos para demostrar progreso”.