Durante una visita, la Oficina del Contralor observó que un muelle flotante, por el que se pagó, $183,376 dólares por adelantado, y no estaba instalado en Vieques.

La contralora de Puerto Rico, Carmen Vega Fournier, informó el miércoles que refirió al Departamento de Justicia un hallazgo sobre 183,376 dólares pagados por adelantado por un muelle flotante que los auditores no encontraron instalado en Vieques.

Durante tres visitas al lugar del proyecto, el personal de la Oficina del Contralor no halló evidencia de la instalación total o parcial del muelle. Algunas piezas permanecían cubiertas de maleza en un lote cercano al cuartel municipal y otras bajo la custodia del contratista.

Según el Informe de Auditoría OC-27-10, el contratista no pudo precisar cuántas piezas conservaba. Tampoco existía un expediente sobre el desarrollo del proyecto y el comprobante de desembolso carecía de información requerida.

La auditoría examinó las operaciones municipales entre el 1 de julio de 2018 y el 30 de junio de 2022 y emitió una opinión cualificada relacionada con cuatro hallazgos.

Otro señalamiento identificó 265,168 dólares pagados por servicios prestados antes del otorgamiento y la vigencia de los contratos, además de deficiencias en las notificaciones de subastas.

Auditores también detectaron más de 27,000 dólares en sueldos por transacciones de personal realizadas durante la veda electoral sin autorización de la Oficina de Administración y Transformación de los Recursos Humanos (OATRH).

Respecto a las obligaciones contributivas, el informe señaló que el Municipio no retuvo 32,603 dólares por servicios prestados y no pudo presentar el certificado de relevo correspondiente a 2021.

Además, la pagadora oficial no preparó la declaración informativa relacionada con un pago de 183,376 dólares a un contratista. Ese señalamiento fue referido al secretario de Hacienda.

Como comentario especial, el informe consignó que Vieques dejó de recibir más de 36,000 dólares por el arrendamiento de una propiedad municipal y no inició la cancelación del contrato ni una acción de desahucio por falta de pago, mientras la parte arrendataria continuaba en el inmueble.

El Informe de Auditoría OC-27-10 está disponible en ocpr.gov.pr.