La organización identificó a Canóvanas, Río Grande, San Lorenzo, Comerío, Loíza, Cidra, San Juan, Guaynabo y Bayamón entre los municipios con mayores interrupciones e intermitencia en el servicio.

El presidente del Centro Unido de Detallistas, Ramón Barquín, advirtió el martes que las interrupciones y el racionamiento de agua provocan pérdidas estimadas de entre 18 millones y 20 millones de dólares diarios a las pequeñas y medianas empresas.

“Sostener un negocio en Puerto Rico se ha convertido en una carrera de obstáculos financieros. No podemos exigirle competitividad a un comerciante local cuando se ve forzado a gastar hasta $700 al día solo para garantizar agua corriente en su local”, expresó Barquín en declaraciones escritas.

Según el Centro Unido de Detallistas, los comercios enfrentan gastos adicionales por la compra y el acarreo de agua en camiones cisterna, la adquisición de agua embotellada, el mantenimiento de cisternas y la sustitución de equipos dañados por cambios de presión o sedimentos.

La organización identificó a Canóvanas, Río Grande, San Lorenzo, Comerío, Loíza, Cidra, San Juan, Guaynabo y Bayamón entre los municipios con mayores interrupciones e intermitencia en el servicio.

Negocios como lavanderías, salones de belleza, centros de cuido, égidas, restaurantes y establecimientos de alimentos figuran entre los más afectados porque dependen del agua para operar y cumplir con requisitos sanitarios.

Barquín sostuvo que algunos comerciantes han reducido las jornadas de sus empleados o suspendido parcialmente sus operaciones, lo que también disminuye los ingresos de las familias trabajadoras.

“Esta falta de estabilidad en los servicios esenciales genera un efecto dominó que destruye la confianza empresarial, ahuyenta la inversión y arriesga miles de empleos. Exigimos una reingeniería inmediata en los planes de contingencia de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, transparencia real en los niveles de los embalses y soluciones de infraestructura definitivas”, añadió.

El Centro Unido de Detallistas solicitó al Departamento de Hacienda y a los municipios una moratoria o flexibilización en el cobro de patentes e Impuesto sobre Ventas y Uso para los negocios ubicados en las zonas más afectadas.

También reclamó al Ejecutivo una declaración de emergencia comercial que permita ofrecer asistencia a los comerciantes y acelerar proyectos de dragado, reparación y distribución de agua.