En el contexto del cierre de un hogar descrito como «clandestino».

La secretaria del Departamento de la Familia, Suzanne Roig Fuertes, informó que ayer ordenó el inicio de una investigación administrativa para evaluar posibles incumplimientos de normas, procedimientos e instrucciones impartidas por parte de dos empleados adscritos al Área de Licenciamiento de la Región de Arecibo, relacionados con la atención de un establecimiento clandestino para adultos mayores.

Como parte de las acciones adoptadas, el Departamento dispuso la reubicación temporal de ambos empleados a funciones compatibles con sus puestos, mientras culmina la investigación administrativa. Esta determinación constituye una medida preventiva dirigida a proteger la integridad del proceso investigativo, salvaguardar la confianza pública y garantizar la continuidad de los servicios sin afectar el debido proceso de ley.

La investigación administrativa en curso permitirá determinar los hechos, establecer si existieron violaciones a las normas internas, reglamentos o deberes ministeriales y adoptar las acciones disciplinarias que en derecho correspondan, conforme a la evidencia recopilada y respetando el debido proceso.

La titular enfatizó que el Departamento no tolerará actuaciones individuales que comprometan la misión institucional ni la seguridad de las poblaciones más vulnerables.

Además, la Secretaria reiteró que la agencia ya se encontraba realizando ajustes en los procesos, ordenándose la implantación de medidas preventivas adicionales, incluyendo la revisión de los protocolos de intervención y escalamiento de casos, el fortalecimiento de los mecanismos de supervisión, la evaluación de los procesos de fiscalización y el refuerzo de los controles administrativos para evitar que situaciones similares puedan repetirse.

“Igualmente, debemos aclarar que las posibles actuaciones aisladas de un empleado no representan al Departamento de la Familia, no reflejan el compromiso de la inmensa mayoría de nuestros servidores públicos, quienes diariamente cumplen su deber con integridad, profesionalismo y profundo sentido de servicio. No permitiremos que esa posible conducta de unos pocos empañe la labor ejemplar que realizan cientos de empleados comprometidos con proteger a nuestras familias y, particularmente, a nuestros adultos mayores”, añadió la titular del DF.

La Secretaria también hizo un llamado enérgico a la corresponsabilidad de las familias y de la ciudadanía frente a la operación de hogares clandestinos.

“Resulta igualmente inaceptable que familiares continúen pagando por servicios privados en establecimientos que operan fuera de la ley y permitan, por negligencia o indiferencia, que sus seres queridos permanezcan en lugares que carecen de la supervisión y las garantías mínimas que exige nuestro ordenamiento. La protección de nuestros adultos mayores es una responsabilidad compartida entre el Estado, las familias y la comunidad”, insistió Roig Fuertes

La secretaria del DF recordó que el Gobierno de Puerto Rico concedió una amnistía para que los operadores de hogares pudieran regularizar sus establecimientos y cumplir con los requisitos legales, por lo que afirmó que la permanencia de hogares clandestinos constituye una situación sumamente preocupante.

La Secretaria explicó además que, por definición, un hogar clandestino es uno que opera oculto al conocimiento de las autoridades competentes, razón por la cual exhortó a la ciudadanía a presentar querellas cuando tenga conocimiento de este tipo de establecimientos.

El Departamento de la Familia reiteró que continuará robusteciendo el Área de Licenciamiento mediante la modernización de sus procesos de fiscalización, el fortalecimiento de la supervisión, el adiestramiento continuo del personal y la implantación de medidas adicionales de prevención y cumplimiento, reafirmando su compromiso indelegable con la protección, la dignidad y la seguridad de las personas adultas mayores en Puerto Rico.