También firmó una resolución que elimina las restricciones de uso agrícola sobre una finca en Orocovis para permitir que los herederos de sus propietarios originales puedan completar los procesos de segregación y adjudicación de títulos de la propiedad.

La gobernadora Jenniffer González Colón convirtió en ley varias medidas que modifican la política pública del Gobierno en áreas como seguridad portuaria, derechos civiles, protección a víctimas de violencia de género y reclamaciones legales de menores de edad y personas incapacitadas, se informó el miércoles.

La nueva Ley 126-2026 deroga el modelo de seguridad portuaria vigente desde 2008 y establece un nuevo marco para coordinar la vigilancia de las instalaciones portuarias con las agencias federales, con el propósito de eliminar estructuras regulatorias y costos que el Gobierno considera innecesarios para el comercio marítimo. Según la exposición de motivos, el sistema anterior duplicaba funciones ya realizadas por autoridades federales y generaba mayores costos operacionales.

“Con esta legislación estamos modernizando nuestra política pública de seguridad portuaria y eliminando procesos costosos e ineficientes que durante años han representado una carga adicional para el comercio y, en última instancia, para los consumidores. Nuestra administración continuará promoviendo medidas que fortalezcan la seguridad sin imponer costos innecesarios a las familias puertorriqueñas”, expresó la gobernadora en declaraciones escritas.

Otra de las medidas aprobadas, la Ley 130-2026, enmienda el Código Civil para aclarar que los términos de prescripción de una reclamación permanecen suspendidos mientras la persona sea menor de edad o tenga una incapacidad declarada judicialmente, con el fin de evitar que pierda su derecho a reclamar por circunstancias fuera de su control.

“Con esta legislación buscamos proteger a quienes se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad. Ningún menor de edad ni persona incapacitada debe perder el derecho a presentar una reclamación por circunstancias fuera de su control o por la falta de acción de sus representantes legales”, indicó González Colón.

La gobernadora también firmó la Ley 131-2026, que aclara que en los contratos de préstamo solo podrán cobrarse intereses cuando ambas partes los hayan pactado expresamente, con el objetivo de armonizar disposiciones del Código Civil y brindar mayor certeza jurídica.

Además, la Ley 135-2026 amplía la protección contra la difusión no consentida de material íntimo al convertir en delito grave la amenaza de divulgar ese contenido, aun cuando nunca llegue a publicarse. La legislación también actualiza las definiciones legales para incluir imágenes alteradas o generadas mediante tecnologías digitales.

“Con esta legislación estamos protegiendo la dignidad, la intimidad y la seguridad de las personas. La tecnología ha transformado la manera en que se comparte información, pero también ha creado nuevas formas de abuso y coerción que debemos atender con firmeza. Esta ley fortalece las herramientas legales para proteger a las víctimas y responsabilizar a quienes utilicen material íntimo como mecanismo de intimidación o presión”, sostuvo la mandataria.

Mediante la Ley 138-2026, cada municipio deberá designar un enlace para atender y orientar a mujeres víctimas y sobrevivientes de violencia doméstica y de género. Ese funcionario ofrecerá orientación, facilitará referidos y ayudará en la tramitación de órdenes de protección, entre otras funciones. Los municipios tendrán 90 días para implementar la nueva disposición.

“Con esta ley fortalecemos la red de apoyo a las víctimas y sobrevivientes de violencia doméstica y de género, acercando los servicios a las comunidades y asegurando que cada municipio cuente con personal capacitado para orientar, asistir y canalizar los recursos necesarios. La protección y seguridad de las mujeres sigue siendo una prioridad para nuestra administración”, expresó González Colón.

Finalmente, la gobernadora firmó la Resolución Conjunta 39-2026, que elimina las restricciones de uso agrícola sobre una finca en Orocovis para permitir que los herederos de sus propietarios originales puedan completar los procesos de segregación y adjudicación de títulos de la propiedad.